En un comunicado, el Colegio destacó que el arbitraje “ha cobrado vigor tras la pandemia” ya que, en los momentos de medidas más restrictivas del confinamiento y otras medidas limitativas “se han producido numerosos desajustes y alteraciones en los contratos que se están intentando paliar con medidas legislativas”.

En concreto, el Colegio señaló que algunos de los conflictos más habituales tienen que ver con los aplazamientos de pago, la suspensión de los desahucios o la actualización de la renta por las dificultades de cumplimiento.

Asimismo, resaltó que, frente al “colapso y paralización” experimentados por la vía judicial debido a la pandemia, así como los “elevados costes procesales”, el arbitraje es “una opción cada vez más ideal”, además de aportar “ventajas económicas” y suponer “dos meses como máximo desde la presentación hasta el laudo”, además de conllevar una sola comparecencia.

Según datos del Consejo Arbitral, en más de diez años se han dictado 950 laudos, se han celebrado 340 sesiones, así como 950 vistas y los procedimientos han tenido una duración media de 40 días, siendo el supuesto más habitual que se plantea en estos arbitrajes los casos de resolución del contrato de arrendamiento de vivienda por falta de pago.