La Comisión Constitucional debatió hoy el Título I del Estatuto, sobre "Derechos, Deberes y Principios rectores", que abarca de los artículos 15 a 54 y al que PP, CiU y ERC habían presentado enmienas y votos particulares al texto de la ponencia.

El conjunto del texto fue rechazado por el PP. ERC finalmente votó a favor del texto salvo en cuatro artículos. En el 20, sobre el derecho a morir con dignidad, se abstuvo, y rechazó el 41.5, el 50.4 y el 54.1, a los que había presentado objeciones que no salieron adelante.

Se aprobó, con el voto del PSOE, CiU e Iniciativa per Catalunya-Verds, y la abstención de ERC, una enmienda transaccional para modificar el artículo 20.

El texto del artículo había sido modificado en el trámite de ponencia, pero no el título del mismo, que seguía como "derecho a morir dignamente". Con la modificación, el artículo se denomina "derecho a vivir con dignidad el proceso de la propia muerte".

El texto del apartado uno de ese artículo establece que todas las personas tienen derecho a recibir un adecuado tratamiento del dolor y cuidados paliativos integrales y a vivir con dignidad el proceso de su muerte.

NI EUTANASIA NI ABORTO

Con esa modificación, dijo el portavoz de CiU, Josep Sánchez Llibre, el Estatuto no establece la eutanasia ni el suicidio asistido, pero sí el derecho a la dignidad de los enfermos terminales.

Tampoco establece, sentenció, el "aborto libre". El artículo que regula la decisión "determinante" de la mujer quedó como había decidido la ponencia, que había introducido ya alguna modificación a la propuesta del Parlamento catalán.

Se trata del apartado 5 del artículo 41, según el cual los poderes públicos, "en el ámbito de sus competencias y en los supuestos previstos en la ley", deben velar para que la libre decisión de la mujer sea determinante en todos los casos que puedan afectar a su dignidad, integridad y bienestar físico y mental, en particular en lo que concierne al propio cuerpo y a su salud reproductiva y sexual.

El portavoz de ERC, Joan Ridao, que había defendido sin éxito un voto particular a este precepto, dijo tajantemente al PP que el Estatuto no recoge el aborto libre ni la poligamia, y que las advertencias en ese sentido por parte de los dirigentes populares obedecen sólo a "ilusiones ópticas".

Se rechazó también enmienda única del PP que pretendía la supresión íntegra del Título primero del Estatuto con el argumento, expuesto por el secretario general, Angel Acebes, de que "fractura a la ciudadanía" y contradice la Constitución al establecer nuevos derechos para los catalanes.

El socialista Diego López Garrido reprochó al PP que centrara su intervención ante la Comisión en exponer "un mitin" contra el conjunto del texto en lugar de detallar su posición sobre cada uno de los artículos que se debaten. "A ustedes les molesta que se amplíen los derechos y libertades", sentenció.

Igual que había asegurado Sánchez Llibre, López Garrido aseguró que el Estatuto no legaliza la eutanasia, el aborto libre ni la poligamia, y advirtió además al PP de que, si el PSOE tuviera intención de hacerlo, lo haría "a las claras".

En cuanto a los derechos lingüísticos, tanto el portavoz de CiU como el del PSOE insistieron en que el Estatuto reconoce el derecho y el deber de los ciudadanos de Cataluña de conocer el catalán y el castellano porque, en virtud de la Constitución, ambos son oficiales en Cataluña.

"La clave de bóveda", dijo López Garrido, es que el texto dice claramente que la utilización de una o de otra es una opción libre de los ciudadanos y que en ningún caso puede suponer discriminación.

ACEBES Y BLAS PIÑAR

Muy duro con Acebes se mostró el portavoz de Iniciativa per Catalunya-Verds y consejero de Relaciones Institucionales de la Generalitat, Joan Saura, que confesó las "náuseas" sentidas al escuchar una parte de la intervención del portavoz popular.

Saura explicó a los comisionados que había estado revisando los debates previos a la aprobación del Estatuto ahora vigente, en 1979, y el discurso de Blas Piñar "sería centrista" en comparación con el de Acebes.

En su opinión, la extrema derecha española no tiene ahora "articulación política" porque se siente "representada" por el PP, cuyos dirigentes demuestran, además, una "ignorancia absoluta" de lo que ocurre en Cataluña.

La respuesta a los portavoces de estos grupos corrió a cargo del presidente del PP catalán, Josep Piqué, que comenzó precisando la oposición de su partido, no a la ampliación de derechos, sino a la ampliación "desigualitaria".

Piqué fue desagranando artículos de forma pormenorizada, como los referentes al derecho de los ciudadanos a "gozar del paisaje" o a "elegir libremente a sus representantes", para sentenciar que la mayoría son operaciones "de cara a la la galería" sin ninguna aportación más.

Hay alguna salvedad, precisó, como los artículos relacionados con los derechos sobre la economía, que generan, en su opinión, un sistema "intervencionista". El conjunto del título es, concluyó, "perfectamente prescindible".

El debate sobre los derechos tuvo una nota de distensión cuando el presidente de la Comisión, Alfonso Guerra, celebró el final de la intervención de la diputada del PSC Carmen Valls, que se había extendido considerablemente. "Si se alarga más, me tienen que aplicar la eutanasia a mí", bromeó.