El II Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social incluye un total de 261 medidas y actuaciones que se estructuran alrededor de cuatro objetivos: fomentar la participación en el empleo y el acceso a ls recursos sociales de las personas en situación o riesgo de exclusión, aprovechar los instrumentos de la sociedad de la información, actuar a favor de los grupos más vulnerables y movilizar a todos los agentes implicados.

Para ello, el Plan prevé un esfuerzo presupuestario de 35.735 millones de euros durante el plazo de vigencia 2003-2005, que serán aportados por la Administración del Estado, las comunidades autónomas y corporaciones locales.

PRIORIDADES

Dentro del decálogo de prioridades del lan, destaca el objetivo de reducir un 2%, durante el periodo de vigencia del plan, el número de personas con una renta inferior al 60% de la media de ingresos.

El segundo objetivo del plan establece la necesidad de mejorar la coordinación de las políticas de protección social mediante la cooperación de todas las administraciones públicas a través del establecimiento de mecanismos de cooperación entre los servicios sociales del Estado y los de las comunidades autónomas.

El tercer objetivo es el d avanzar en la cohesión interterritorial priorizando las actuaciones que se desarrollan en los territorios y barrios socialmente vulnerables. Además, prevé ampliar los planes municipales hasta alcanzar al 50% de la población y, por último, promover pactos locales y regionales de empleo para colectivos vulnerables con la intervención de los agentes sociales.

En cuarto lugar, impulsar nuevas medidas de apoyo a la familia, especialmente las de conciliación de la vida familiar y laboral, ampliando la rede públicas y concertadas de centros de enseñanza para niños de hasta 3 años, incentivando la creación de servicios de guarderías en las empresas y estableciendo en la Administración Pública centros para el cuidado de niños de esas edades.

El Plan prevé potenciar el acceso a las nuevas tecnologías de la población en situación de riesgo de exclusión incrementando los puntos públicos de acceso a Internet en los ayuntamientos, bibliotecas y oficinas de Correos, y promoviendo la alfabetización digital de la personas con discapacidad.

El sexto objetivo prevé intensificar las actuaciones contra la violencia doméstica. Como séptima prioriadad, el plan establece el desarrollo de programas específicos para personas dependientes y para grupos con especial vulnerabilidad como las personas mayores, población gitana, personas con discapacidad, inmigrantes, infancia y personas sin hogar.

La puesta en marcha de microcréditos y otras líneas de financiación para potenciar el autoempleo de las personas en situacón o riesgo de exclusión; incrementar hasta el 4% el cupo reservado para personas con discapacidad en las ofertas de empleo público, y reducir la temporalidad en el empleo a través del fomento de la contratación indefinida, especialmente para jóvenes, mujeres, minorías étnicas, inmigrantes y personas discapacitadas, son igualmente prioridades del Plan.

Asimismo, prevé el incremento progresivo hasta el 52% el porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensión de viudedad, actualmente establecido e un 48%, y continuar elevando las cuantías de las pensiones mínimas de jubilación con beneficiarios de menos de 65 años así como las pensiones mínimas de viudedad de beneficiarios con menos de 65 años y las pensiones no concurrentes del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez.

También incluye entre las medidas la de establecer la certificación de empresa "Familiarmente responsable" para facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral; desarrollar medidas de protección a las familiasnumerosas; desarrollar el Plan de Acción para las personas mayores; aprobación definitiva de la Ley de Igualdad y No Discriminación de las Personas con Discapacidad; aprobación definitiva de la Ley de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad y la aprobación del Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012.