El Consejo de Ministros tomó estadecisión a propuesta del titular de Justicia, José María Michavila, y con los informes favorables tanto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como de la Fiscalía General del Estado y del Consejo de Estado, que han permitido incorporar mejoras técnicas en la citada normativa.

Según un comunicado del Ministerio de Justicia, el proyecto de ley orgánica regula el papel que tienen que desempeñar las instancias judiciales, fiscales y el Gobierno en relación a la cooperación con la CPI.

El proycto regula las fórmulas de cooperación, tanto en la fase de prueba del procedimiento como en el desarrollo del juicio, así como en la ejecución de las condenas, de manera que éstas puedan ser ejecutadas en España.

Además, el texto establece la posibilidad de que el Gobierno pueda presentar denuncias ante la CPI, con el fin de que ésta inicie una investigación sobre hechos que sean de su competencia.

El texto, según el Ministerio de Justicia, presta especial atención a los mecanismos de cooperació de las autoridades españolas para la detención y puesta a disposición de la CPI de las personas reclamadas. Introduce un sistema inmediato de entrega similar al instaurado por la Euroorden, "con lo que queda superado el viejo procedimiento de extradición, permitiendo una mayor agilidad".

La CPI comenzó su andadura el pasado 11 de marzo, con el juramento solemne de sus 18 primeros jueces, de los cuales 11 son hombres y 7 mujeres. Un total de 89 países han firmado y ratificado ya el Estatuto de este Trbunal, adoptado por las Naciones Unidas en la Conferencia de Roma de 1998.

PRECEDENTES

La CPI nace tras las experiencias del Tribunal Internacional para el Enjuiciamiento de la Violación de los Derechos Humanos en la antigua Yugoslavia (1994) y del que se creó para el esclarecimiento de los crímenes cometidos en Ruanda (1998).

Así, la CPI nace con vocación de permanencia, como un órgano internacional encargado de hacer una justicia universal para perseguir los delitos más graves como el genocido, el exterminio, la esclavitud, los crímenes de guerra y la agresión.

Para el ministro de Justicia, la creación de Corte Penal Internacional ha supuesto "una conquista ética en la garantía de los derechos del hombre y de la dignidad humana, evitando que la persecución de este tipo de delitos no encuentre fronteras".

España ha impulsado y apoyado desde el principio la creación de la Corte Penal Internacional, siendo uno de los primeros países que ratificó el Estatuto de Roma de 1998, por el que s crea este tribunal.