La intención del Gobierno, según la nota del acuerdo del Consejo de Ministros, es "agilizar el marco de relaciones de este organismo regulador", así como "mejorar la capacidad operativa de sus distintos órganos, siguiendo los modelos que ofrece la regulación de otros organismos similares", como la CNMV o la CMT.

El Consejo de Administración de la CNE, órgano colegiado, pierde facultades de mera gestión y las de marcado carácter ejecutivo, que pasan a ser cuestión de la Presidencia. Con ello se persigue, dice el Ejecutivo, "mejorar la funcionalidad" del consejo.

Con ello se quiere que el consejo pueda concentrarse en el ejercicio de sus funciones más relevantes (normativa, de propuesta e informe y arbitral), sin perjuicio de la flexibilidad operativa que, en todo caso, parece oportuno atribuirle al Consejo mediante la previsión de amplias facultades de delegación, ya sea en la Presidencia, ya sea en uno o varios de sus miembros o incluso en otros órganos de la Comisión.

Se atribuye al presidente de la CNE la competencia para efectuar el nombramiento del secretario del Consejo de Administración, previo informe del consejo, una competencia que ahora era del consejo.

El real decreto, además, atribuye al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio el control económico y financiero que venía siendo ejercido hasta ahora por el Ministerio de Economía y Hacienda.

Por lo que se refiere al primero de dichos objetivos, agilizar el marco de relaciones, se suprimen los requisitos de informe previo de los ministerios de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas para la aprobación del Reglamento de Régimen Interior de la Comisión Nacional de la Energía.

Asimismo, se sustituye el informe previo de la Abogacía del Estado del Ministerio de Economía y Hacienda por el informe previo de la propia Asesoría Jurídica de la Comisión.