Junto con el Consejo Consultivo, se trata de uno de los dos órganos de participación y gobernanza previstos en la Ley, que tendrán como función hacer el seguimiento de la prestación y de los desarrollos que se aprueben de ésta, como el Sello Social de Inclusión o el incentivo al empleo.

El órgano de cooperación administrativa estará compuesto por una presidencia, que corresponde al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; una vicepresidencia, a cargo del secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, y 46 vocalías, entre las que figuran la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social, la Subsecretaría del Ministerio, las secretarías de Estado de Migraciones, Trabajo y Economía Social, Derechos Sociales e Igualdad, así como el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil.

A nivel territorial, habrá un representante por cada comunidad y ciudad autónoma, mientras que en el ámbito municipal estarán representados los 12 municipios con mayor número de habitantes y otros que por su representatividad sean propuestos por la Federación Española de Municipios y Provincias.

FUNCIONES

Las funciones de la Comisión que recoge la Ley del Ingreso Mínimo Vital son, entre otras, evaluar el impacto del IMV como instrumento para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad económica, con especial atención a la pobreza infantil; analizar y realizar un seguimiento de las propuestas normativas y no normativas en relación con este ingreso y en materia de inclusión que se impulsen por parte del Ministerio; impulsar mecanismos de cooperación entre administraciones; hacer un seguimiento de los sistemas de intercambio de información relativa a las personas solicitantes y las beneficiarias, y cooperar para la implantación de la Tarjeta Social Digital.

Además, tendrá que efectuar una evaluación y análisis de las políticas y medidas de inclusión y de su impacto en los colectivos vulnerables, e intercambiar las mejores prácticas y experiencias, con el fin de maximizar las sinergias de las políticas públicas y mejorar su eficacia.

La constitución y funcionamiento de la Comisión no supondrán incremento de gasto público, indican desde el Ministerio.