La modificación de la Ley de Cajas reduce del 43,7% al 41,5% el "peso político" del Parlamento regional y las corporaciones locales en Caja Madrid, explicó el diputado del PP Pedro Muñoz.

Señaló que asimismo amplía la participación de las entidades representativas y empleados, y da entrada a la Cámara de Comercio y las universidades privadas en el sector de entidades representativas. La duración máxima de los mandatos será de 12 años.

Los socialistas no presentaron enmiendas a la reforma de la Ley de Cajas porque creen que esta norma responde a una "lucha de poder interno" entre la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón.

La portavoz del PSM, Maru Menéndez, calificó de "disparate" que se someta a Caja Madrid a una "guerra partidaria" y dijo que su partido trabajará con "inteligencia" para "restablecer el consenso" en la entidad.

IU votó en contra de la Ley de Acompañamiento porque, según su portavoz, Inés Sabanés, supone "un golpe de mano del PP sin precedentes a este Parlamento", ya que "nos sitúa en la excepcionalidad política al aprobar, desde la urgencia, reformas en el último momento".

Sabanés denunció que se reforman distintas leyes como la del Suelo o la de Cajas de Ahorros, además de abrir la puerta a la privatización del Canal de Isabel II.

Sobre Caja Madrid, dijo que la modificación legislativa del Gobierno regional, que es de "dudosa legalidad" y de una"irresponsabilidad política sin precedentes".

Además, tachó dicha reforma de "ajuste de cuentas" de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y de "irresponsabilidad, preparar esta batalla campal en Caja Madrid que puede afectar a la estabilidad de la entidad". "Esta batalla tiene un único objetivo: tener mas control por parte de Aguirre", manifestó.

Sobre este mismo tema, el diputado de IU Miguel Reneses dijo que el Gobierno regional pretende "apropiarse" de Caja Madrid al introducir modificaciones legales cuando el proceso electoral dentro de esta entidad ya se ha iniciado.

Dijo que Aguirre reduce la representación del Ayuntamiento de la capital para dar más presencia a los consistorios más favorables a la presidenta regional y anunció que IU presentará un recurso contra la Ley de Acompañamiento, aunque todavía no sabe ante qué organismo.

Caja Madrid será más gubernamental por la intervención "autoritaria" de Aguirre, a la que acusó de actuar de manera "personal, cesarista y autoritaria, cada vez menos coincidente con lo que representa el PP"

La Ley de Acompañamiento también permite al Canal de Isabel II crear una sociedad anónima, con mayoría de capital público, para gestionar las infraestructuras del agua en la región, lo que abre el proceso de la futura salida a Bolsa del 49% de las acciones de esta empresa pública para conseguir los más de 4.000 millones de euros que necesita invertir en infraestructuras en los próximos diez años.

En cuanto a las medidas fiscales, la Comunidad de Madrid conserva en 2009 la deducción de un punto en el tramo autonómico del IRPF, las deducciones por nacimiento, adopción o acogimiento y por arrendamiento de viviendas por parte de menores de 35 años, y la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para ascendientes, descendientes y cónyuges.

Se crean además deducciones por gastos educativos y por el importe de la subida de los tipos de interés en los pagos de hipotecas, desaparece el Impuesto de Patrimonio y se crea una tasa de 60 euros por derechos de examen para el nuevo certificado que deberán obtener los porteros de discoteca.

Por otro lado, durante la celebración de esta sesión plenaria de la Cámara regional, un grupo de sindicalistas de CCOO y de representantes de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (Fravm) fue desalojado por lanzar gritos y panfletos contra la privatización del Canal.