El decreto establece que empresas y trabajadores de la región pueden pactar una reducción de jornada de cuatro horas, de manera que el Gobierno autónomo pague las cuotas de la Seguridad Social correspondientes a la persona que sustituya al empleado en sus hras de libranza.

Victorino Mayoral, consejero de Presidencia y Trabajo del Gobierno extremeño, explicó que ésta es "una medida social, característica del Estado de Bienestar".

El decreto se basa en el artículo del Estatuto de los Trabajadores que prevé la reducción de la jornada laboral para atender a los hijos, así como en la Ley de la Función Pública vigente en esta comunidad autónoma.

No podrán acogerse a esta iniciativa las empresas de trabajo temporal ni las que en el último año hayan aortizado empleos mediante despidos colectivos o que hayan sido declarados nulos o improcedentes.