Azkárraga denunció ayer en Bilbao que el traslado de las decisiones sobre las condiciones de cumplimiento de condena de los presos condenados por la Audiencia Nacional a este órgano judicial se debe a que sus jueces son más "obedientes" que los de los juzgados de vigilancia penitenciaria de cada demarcación territorial.

Suárez dijo a Servimedia que respeta esta opinión, porque en una democracia "la libertad de expresión ebe ser la máxima, y la única limitación es el insulto, que en este caso en principio no se ha producido". Sin embargo, declaró que la opinión de Azkárraga "no es compartida por la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles y vascos".

A su juicio, en España no debe ponerse en duda la independencia del poder judicial, "de todos y cada uno de sus integrantes", ni tampoco la existencia de un Estado de derecho con división de poderes, por lo que negó que ceder a la Audiencia Nacional la vigilancia de lascondenas que impone tenga como objetivo promover decisiones más acordes con la voluntad del Ejecutivo.

"La única finalidad de la reforma, que en su momento ha sido apoyada absolutamente por todas las personas que piensan que el Estado de derecho debe funcionar de forma adecuada, es unificar la interpretación del derecho penitenciario y de la ejecución de las penas", explicó.

El portavoz de la APM recalcó que dejar a unos pocos juzgados las decisiones sobre el cumplimiento de las penas referidas a narcotráfico, las bandas armadas o la delinciencia organizada permite que las normas de vigilancia penitenciaria se apliquen de modo igualitario, en cumplimiento del principio de "igualdad de trato" consagrado en la Constitución.

Agregó que con el sistema actual pueden darse contradicciones sobre casos muy similares, en función de que las condiciones de ejecución de las condenas se fijen en Cataluña o Madrid, "y eso no es bueno para un sistema jurídico".