D este modo, a su juicio, las economías privadas realizarían aportaciones indirectas que de otro modo y en principio serían a cargo del Estado. Por ello, en su opinión, habría que incluir las correspondientes previsiones en la Ley de Fundaciones.

Esta es una de las soluciones que propone la APM para combatir la financiación irregular de los partidos, que, a su juicio, "es una de las formas más graves de corrupción, porque constituye una brutal agresión a la soberanía popular, al traicionar el principiobásico de la democracia que constituye la libre, igual y leal concurrencia de opciones políticas diferentes".

BUROCRACIA COSTOSA

Según la asociación mayoritaria de los jueces, este fenómeno se produce porque los partidos ya no tienen la finalidad principal de nombrar legisladores, sino la de obtener una mayoría que les permita formar Gobierno, que es el que puede luego designar a un gran número de militantes para ocupar cargos públicos.

De este modo, el Parlamento se limita poco más que a ratifcar las iniciativas legislativas del Gobierno, sin ejercer control político sobre éste, lo que conduce a una burocracia interna en los partidos con enormes gastos en las campañas electorales.

Ello, continúa la APM, favorece la financiación irregular de los partidos, lo que se podría subsanar, entre otras medidas, mediante la limitación de los gastos corrientes de los partidos políticos, sobre todo los causados en campañas electorales.

Estas campañas, según la APM, también podrían atemperarse a crterios de modernidad, austeridad y reducción de los periodos de desarrollo, que califica de "excesivos", y considera que además podrían acumularse diversos procesos electorales.

Respecto a las subvenciones públicas, aboga por una distribución proporcional de las mismas entre las formaciones políticas, reajustando los criterios según los cuales en la actualidad quedan postergados los partidos que no obtienen representación parlamentaria.

También propone una mayor permisividad de la financiación prvada y una redefinición de las restricciones, además de un control, transparencia y publicidad del régimen de gastos e ingresos.

CONTROLES RIGUROSOS

Asimismo, la APM estima que es necesaria una exigencia de rigurosos controles internos por parte de las formaciones políticas, además de un cumplimiento riguroso del Plan General de Contabilidad, así como un fortalecimiento de los controles internos de potenciación de las funciones del Tribunal de Cuentas y permanencia de la administración electoral.

También afirma que deben ser suprimidas las restricciones de las aportaciones de procedencia extranjera en el sistema de financiación privada, como reconocimiento de la implicación de nuestro país en el concierto internacional.

Finalmente, cree conveniente que los delitos electorales sean incluidos entre las competencias del Tribunal del Jurado y que sean ampliadas las competencias de la Fiscalía Anticorrupción a los delitos electorales relativos a las irregularidades y falseamiento de las condicions de gastos e ingresos de los partidos políticos.

Además de la corrupción generada por la financiación irregular de los partidos, la ponencia de la APM también destaca que la "cultura del pelotazo", la pérdida de valores éticos y el escarnio de la autoridad familiar, entre otras cuestiones, "han favorecido la proliferación de la inmoralidad económica".

Por ello, también propugna "un rearme moral de la sociedad" en las familias y en las escuelas, así como el establecimiento de barreras jurídicas potectoras frente al abuso político, una racionalización y rígido control del gasto público y la objetivización máxima de la contratación en obras públicas, entre otros extremos.