En declaraciones a Servimedia, Rodríguez adujo que la modificación de los artículos 504 y 539 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que el Gobierno quiere introducir a través poyecto de Ley del Jurado, supone una "medida absolutamente desposeedora al Poder Judicial de facultades que le son propias constitucionalmente".

Rodríguez Arribas explicó que, en la práctica, ese cambio conducirá a que la prisión preventiva dependa del criterio del fiscal, ya que en la mayoría de las causas es la única parte de la acusación.

"En la práctica, va a quedar en manos del fiscal la situación del acusado", dijo, "sustrayendo al Poder Judicial decisiones que le están encomendadas por la onstitución en cuanto a la disposición sobre la situación personal de los acusados o imputados por algún delito".

Agregó que, como los fiscales dependen del Ejecutivo, puede ser en definitiva el Gobierno "el que tenga en su mano la determinación de quienes han de ser objeto de una medida de prisión y quienes deben quedar en libertad", lo que entraña un riesgo de politización de la justicia.

"Que conste que eso no significa ninguna desconfianza respecto a los fiscales, sino respecto al Gobierno", ecalcó Rodríguez Arribas, para quien es necesario que la figura del fiscal se independice del Gobierno y se inserte dentro del poder judicial, ya que "el trasladar a ellos una decisión tan importante es, en definitiva, acabar sometiéndola a criterios de oportunidad política".

A su juicio, aunque el fiscal general del Estado fuese nombrado por el Gobierno, "si se le inserta en el Consejo General del Poder Judicial como una parte del Poder Judicial, la cosa variaría".