Además, la APM solicita al Gobierno "ser consultada sobre las medidas que pretende adoptar, dado que se trata de la asociación con mayor presencia en la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y que en Madrid se encuentran las cabeceras de los principales medios de comunicación de nuestro país. El Gobierno no respondió a esa solicitud. Reiteramos la petición de ser escuchados antes de que se concreten las medidas anunciadas por el presidente".

En cuanto a lo apuntado en su intervención por el jefe del Ejecutivo, la APM comparte "la necesidad de combatir la desinformación y los bulos, que no tienen nada que ver con el buen ejercicio del periodismo, pero rechaza que se pueda actuar desde el poder contra quienes honestamente publican informaciones contrastadas, aunque resulten molestas para los poderes públicos".

Igualmente, la APM aboga por "lograr una mayor transparencia sobre la propiedad de los medios y sus fuentes de financiación, si bien mantiene sus reservas sobre quién determinará la limitación o la retirada de fondos públicos a medios que se compruebe que difunden bulos de manera reiterada".

La APM recuerda que dentro de la FAPE existe una Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo, "alguno de cuyos miembros podría formar parte del órgano regulador a nivel nacional, que a su vez tendrá un representante en el Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación. En cualquier caso, ese órgano regulador no puede quedar en manos de un organismo administrativo vinculado al Gobierno", destacó la APM.

En cuanto a los anunciados cambios en materia de derecho al honor y a la intimidad, los expertos en Derecho Constitucional y Derecho Público consultados por la APM consideran que "no es necesaria la modificación de las leyes referidas al derecho de rectificación y al derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, por entender que hay ya una amplia jurisprudencia y que los tribunales las están aplicando bien".