El Constitucional ha revocado la decisión del Supremo que condenaba a los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer a tres años y cuatro meses de prisión por "caso Urbanor", pese a reconocer que cometieron un delito de estafa.

La decisión del Constitucional se basa en que, cuando se admitió a trámite la querella, el delito había prescrito, pese a que la denuncia se había presentado en tiempo.

El portavoz de la APM, Antonio García, declaró a Servimedia que el Constitucional, al considerar que ha prescrito el delito, podría estar invadiendo competencias del Supremo sobre la jurisdicción ordinal, ya que el TC sólo está para asuntos relativos a la Constitución y las garantías de los derechos fundamentales.

En el mismo sentido, Jaime Tapia, portavoz de JpD, indicó que la sentencia recupera el debate que hace tiempo se mantiene entre ambos tribunales respecto a la doctrina jurídica sobre la prescripción de delitos.

Ambos portavoces señalaron que sería conveniente buscar una solución a este conflicto entre jurisdicciones, para evitar casos como el de "los albertos", que en su opinión provocan confusión en la opinión pública.