En un comunicado, el portavoz de la APM, Antonio García Martínez, señaló que "una Administración de Justicia debidamente vertebrada y en condiciones de servir a los ciudadanos con rapidez y eficacia, desde el más escrupuloso respeto al principio de igualdad, exige mantener el carácter nacional de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, y muy especialmente el de secretarios judiciales".

Asimismo, APM advierte de que convertir el conocimiento de las lenguas autonómicas en requisito de capacidad o "en un mérito determinante" para acceder a una plaza "supondría alterar la estructura medular del Poder Judicial como poder único y del Estado".

En opinión de la APM, eso daría lugar "a una solución extremadamente radical y contraria al interés general que podría sumir en una situación de auténtico caos a la Administración de Justicia, repercutiendo negativamente en el conjunto de los ciudadanos y en el derecho que todas las personas tienen a obtener la tutela judicial efectiva".