A su juicio, la ecisión de decretar la libertad provisional, en la práctica, "va a quedar confianda al fiscal, del que algunos dirigentes políticos no tienen recato en afirmar públicamente que no es, ni debe ser, una institución independiente del Gobierno".

En opinión, la reforma en marcha "no puede dejar de relacionarse con los casos de corrupción que hace años despertaron el temor a la actuación de los jueces, por parte de personajes de la política y las finanzas".

La APM afirma que, "lejos de suponer ninguna arantía para los ciudadanos en general, la reforma va a constituir una regresión que facilitará el blindaje y la impunidad de los que se ven en peligro de ser investigados".