Este es el tema central que desarrolla la ponencia "El proceso hacia el derrumbamiento del poder judicial", elaborada por la Sección Territorial de Madrid de la APM, que la asociación de jueces conservadora debatirá en su XI congreso que se celebrará en Madrid los próximos días 26, 27 y 28.

La ponencia, según indica, "prtende exponer cómo se ha desarrollado en España un proceso intolerable e ilegítimo en la forma de ejercer el poder político que perseguía, y en buena parte ha conseguido, la neutralización y desactivación de los mecanismos de control del Poder Político por parte del Poder Judicial".

Así, en su opinión, el poder judicial "ha visto perturbada su función constitucional, para quedar sometido a las injerencias de un nuevo poder absoluto que a veces incluso roza el estado policial con la violación de derechs fundamentales. Esperemos, no obstante, que pese a ser absoluto, no resulte absolutamente corrupto", agrega.

Afirma que las primeras descalificaciones sobre los jueces acerca de su falta de legitimidad o irresponsabilidad, comienzan cuando la transición queda perfeccionada ya que "esos mismos políticos que confiaron a los jueces el control de las urnas, empiezan a darse cuenta de que éstos pueden convertirse en un estorbo a sus actividades" y precisa que dichas críticas se acentúan cuando las resolucones judiciales afectan a intereses políticos.

Así, dice que cada vez que desde el poder político se está en desacuerdo con alguna actuación judicial "sale a relucir el asunto" de la falta de legitimación democrática de los jueces porque "nadie les elige" lo que, a su juicio, "pone de manifiesto la ignorancia o deslealtad constitucional de quienes cuestionan la legitimación del poder judicial".

La ponencia destaca, por ello, el "grave peligro" que conlleva el hecho de que las acciones contra los ueces se utilicen para menoscabar su independencia, por lo que considera que deben articularse medios de protección de la función jurisdiccional "para evitar que los más poderosos o aquellos con menos escrúpulos puedan rebelarse contra las decisiones que no son favorables a sus intereses".

El informe también critica la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 la cual, dice, no sólo "frena el proceso por el que se venían a fijar las bases de un poder judicial verdaderamente independiente según el modelode la Constitución, sino que comienza su progresivo debilitamiento a través del control político".

Esto lo demuestra, asegura, la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y el cambio del sistema de la elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo que, en su opinión, supuso asegurar el control del consejo por parte del ejecutivo y reducir sus competencias "hasta convertirlo en una simple jefatura coletiva de personal".

"El ejecutivo, a través del control del Cosejo General del Poder Judicial, se ha asegurado de promover a personas afines para cargos judiciales hasta provocar en muchos casos un auténtico abuso en el que los méritos profesionales se ven sustituídos por la confianza servil", apunta.

La ponencia agrega que otras medidas limitadoras del poder judicial fueron, entre otras, la "Ley Corcuera", la fusión de los ministerios de Justicia e Interior, la supresión del antejuicio prevista en la Ley del Jurado que supondrá para el poder político o el econóico "un camino fácil de apartar al juez molesto del conocimiento de un asunto" y la reforma de la prisión provisional, realizada "cuando esta medida se ha adoptado en casos de corrupción y escándalos políticos que han llevado a prisión a altos cargos".

INSULTOS

Finalmente, resalta que "las permanentes descalificaciones e insultos que vienen sufriendo los jueces, especialmente cuando determinados sumarios afectan al poder político" tienen un doble sentido, servir como "medio de presión contra el juezmolesto que no se pliega a los dictados de los políticos" y desviar "la atención de la opinión pública de algunos escándalos, cuestionando la legitimidad de los jueces".

En su opinión, en el transfondo de ello "subyace el intento de que el poder político no se someta al control sobre la legalidad de sus actos, que determinadas personas queden al margen del Estado de Derecho".

Agrega que para ese fin "no se escatiman esfuerzos a través de permanentes descalificaciones que se reflejan en los mediosde comunicación o bien se utilizan medios públicos o próximos al Gobierno o a determinados personajes de la cátedra o la vida pública que proclaman supuestas irregularidades en la actuación del juez o tribunal, recorriendo periódicos, emisoras de radio o televisión como si de galas artísticas se tratase".

Concluye diciendo que quienes mantienen esas actitudes "son precisamente los responsables de la situación a la que ha llegado la justicia en España" y critica al Consejo General del Poder Judicial po no mostrar "la más mínima actividad para responder con contundencias a inaceptables y burdas coacciones".