La asociación judicial mayoritaria señala en un comunicado que esta mañana conoció las declaraciones realizadas en TVE por la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, acusando al magistrado García-Castellón de tener “querencia” por pronunciarse siempre “en una misma dirección” en sus instrucciones y de tomar decisiones “en un momento particularmente oportuno”.

Desde la APM, aseguran, “siempre hemos defendido el derecho a la libertad de expresión y a la crítica a las resoluciones judiciales, sin embargo, lo que no resulta de recibo en un Estado de Derecho es que un miembro del Ejecutivo acuse veladamente a un juez de prevaricar”.

Asegura el comunicado que estos hechos les causa “una enorme tristeza” y “aunque ya nada nos sorprende” señalan su pesar por que “desde el propio Gobierno se asuma el discurso de aquellos que hablan de ‘lawfare’ y de judicialización de la política”.

Y terminan: “En una democracia plena las decisiones de los jueces se acatan y se cumplen y, cuando no se está de acuerdo con su contenido, se recurren cumpliendo los trámites legales. Lo que resulta inaceptable es este ataque permanente a la independencia judicial por parte de quienes tienen las más altas responsabilidades políticas, tratando de socavar la confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial y, en definitiva, los pilares sobre los que se asienta nuestro Estado de Derecho, la única garantía de la convivencia pacífica en nuestro país”.