En declaraciones a ervimedia, el portavoz de la APM, José Luis Requero, opinó que las dificultades que conlleva la aplicación de esta nueva norma serán "coyunturales y transitorias" y se arrinconarán "en un plazo razonable", con el fin de que los ciudadanos perciban una mejora de la "seguridad jurídica en el ámbito de las relaciones comerciales, mercantiles y entre particulares".

La Ley de Enjuiciamiento Civil fue aprobada por el Congreso el pasado 16 de diciembre de 1999, pero su entrada en vigor no se produce hasta maana, para dar tiempo a los profesionales y a la sociedad en general a asimilar las novedades que introduce en los trámites procesales de todos los conflictos entre particulares que se puedan dirimir en los tribunales.

Una de las mayores aportaciones de la ley es el procedimiento monitorio, que permitirá perseguir a todos los deudores con cantidades inferiores a cinco millones de pesetas con gran eficacia, ya que agiliza la resolución de los pleitos. Para ello, impone como principios básicos la resolucón de los conflictos por medio de juicios orales, que deben grabarse en vídeo, y la presencia del juez en todas las fases del proceso.

"CAOS ABSOLUTO"

Sin embargo, el portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol, aseguró que "se prevé un caos absoluto" con la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya que considera que "el periodo de vacaciones es clarísimamente insuficiente para poner en marcha una ley de esta envergadura".

"Se ha obrado con precipitaión y va a propiciar gravísimos problemas de funcionamiento porque la infraestructura tercermundista de España (en materia de justicia) no va a permitir que se desarrolle la ley según las previsiones. Estamos a años luz de Europa porque el presupuesto para justicia es del 0,7%, frente a la media europea, que es del 2%", apostilló.