Rodríguez Arribas manifestó su conformidad con las palabras de Sala en el sentido de que dentro de la reforma de la LOPJ debería revisarse el Estatuto Judicial general para que "acenúe las garantías para la independencia de los jueces, y, en ese marco, prevea las especialidades oportunas respecto a los jueces o magistrados que desempeñan funciones en el Tribunal Supremo".

Para el presidente de la APM, las reformas que necesita esta ley "que tanto daño ha hecho a la Justicia" son tantas que "prácticamente hay que meter mano en casi todos sus capítulos".

En este sentido, la APM considera que el sistema de elección de vocales debe incluir listas abiertas, de forma que las asociciones judiciales presenten sus candidaturas y reservar una plaza para fiscales y secretarios judiciales en el cupo de abogados y otros juristas.

Además de defender una ampliación de las competencias del CGPJ, la asociación presidida por Rodríguez Arribas sosteiene que debe haber un "reconocimiento legal de la independencia del Ministerio Fiscal integado con autonomía funcional en el Poder Judicial, para que sea posible y creíble su función objetiva e imparcial de defensa de la legalidad y de la indepndencia de los tribunales".

ELECCION DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO

Para la APM, el nombramiento del fiscal general del Estado deberá hacerse entre juristas españoles de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio efectivo de su profesión y por un mandato de cinco años. Además, las decisiones tanto del fiscal general como los fiscales jefes deberán contar con el beneplácito de las Justanas de Fiscalía o de la Junta de Fiscales.

La APM defiende también que "los secretarios judiciales tenan jefatura directa sobre el personal y organización de la Secretaría Judicial o Fiscal, sin perjuicio de las facultades que corresponden al titular del órgano". Además, condiera que todas las competencias que tiene el Poder Ejecutivo sobre el Secretariado Judicial han de pasar al CGPJ.

Asimismo, la asociación presidida por Rodríguez Arribas reformaría los puntos de la LOPJ referentes a las carreras judicial y fiscal y al cuerpo de secretarios judiciales, así como a la Policía Judicial, los servicios dministrativos de los tribunales y fiscalías, la instrucción de los procesos penales, la prisión provisional y la ejecución de las sentencias judiciales.