La defensa de los cuatro guardias civiles solicitó al tribunal que sobresea el caso, por entender que existe una indefensión de los procesados, ya que se les acusa de una acción que únicamente cometió el que efectuó el disparo que hirió gravemente a José Enrique Borda.

El tribunal también deberá acordar si accede a la petición del abogado de la familia del joven para que el caso sea devuelto al juzgado de Irún co el fin de que practique una reconstrucción de los hechos, con lo que el juicio quedaría suspendido.

Asimismo, también deberá pronunciarse si admite o no como acción popular al Ayuntamiento de Irún, representado por el ex concejal de Euskadiko Ezkerra Xabier Olaberri.

El fiscal solicita para los guardias civiles Marcelino Rivas García, José Cardoso, Ignacio Giles y José Luis Moreno García dos meses de arresto mayor para cada uno de ellos y una indemnización conjunta de más de dos millones y mediode pesetas, por un delito de imprudencia temeraria.

La acusación particular pide por el mismo delito un total de 8 meses de prisión menor para cada uno de ellos y el pago de 20 millones de pesetas en concepto de indemnización. La acción popular, por su parte, solicita 3 años y seis meses de prisión por un delito de lesiones, mientras que la defensa solicita la libre absolución.

Los hechos ocurrieron el 21 de enero de 1990, cuando los cuatro guardias civiles colocaron un control en una carretera rral de Irún. Al parecer, por él pasó con su vehículo José Enrique Borda, quien prosiguió su camino al no percatarse del control ni oir el alto que le dieron los agentes, que comenzaron a disparar sin apuntar. Una de las balas entró en el coche e hirió de extrema gravedad a Borda, que fue operado y todavía acusa secuelas de las heridas.