Según informaron fuentes jurídicas, el aplazamiento se ha debido a que la abogada del acusado no ha podido asistir a la vista, ya que tenía otro juicio en el País Vasco.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide que Gallastegui sea condenado a 30 años de cárcel como cooperador necesario de un delito de asesinato terrorista. Además, solicita que indemnice con un total de 1.005.963,05 euros a los legítimos herederos del magistrado asesinado.

José María Lidón fue asesinado a tiros al salir del garaje de su domicilio cuando se dirigía en coche al trabajo acompañado por su mujer.

Según el fiscal, Gallastegui fue quien se encargó de recabar durante dos semanas la información sobre el horario habitual del magistrado, el coche que utilizaba, el itinerario que recorría hacia su trabajo y las medidas de seguridad que le rodeaban.

Gallastegui Sodupe trasladó esos datos a quien previamente le había encargado las labores de vigilancia sobre el magistrado, el presunto miembro de ETA Urtzi Murueta Gondra. Este, a su vez, remitió la información a los miembros del comando encargados de acabar con la vida del juez.

Según el fiscal, los autores materiales de los disparos que acabaron con la vida del magistrado serían los fallecidos Hadei Galarraga Irastorza y Egoitz Gurentxaga Gogorza, supuestos integrantes del "Comando Vizcaya" que fallecieron el 23 de septiembre de 2002 al explotar la bomba que transportaban en un vehículo.