Aparicio presidió hoy lunes la XVI Conferencia Sectorial para Asuntos laborales, a la que han asistido consejeros de las distintas comunidades autónomas y que ha estado dedicada a dicho plan de emple.

El plan, que beneficiará a 1.140.000 desempleados apróximadamente, movilizará este año más de 12.713 millones de euros, de los cuales más de 4.136 millones serán destinados a políticas activas.

El nuevo plan dará prioridad a las mujeres y a los mayores y se centrará en mejorar la calidad en el trabajo, según los criterios establecidos en las sucesivas cumbres de Lisboa, Estocolmo y Barcelona.

Dentro del apoyo a la participación de los mayores en el mercado de trabajo, el plan incluye una srie de medidas entre las que destacan las recientes reformas normativas de apoyo a la prolongación de la vida laboral, a través de mecanismos voluntarios e instrumentos incentivadores a trabajadores y empresarios para mantenerse en activo, incluso más allá de la edad oficial de jubilación.

Para la puesta en marcha de políticas de activación de mayores e incrementar las tasas de empleo de las mujeres, se han introducido bonificaciones, durante los últimos años, en las cotizaciones para los empleadores ue contraten a personas integradas en ambos colectivos.

Un eje fundamental para la política de empleo es la calidad en el trabajo, referida a la formación, la estabilidad en el empleo, los accidentes de trabajo y el acceso de las mujeres al empleo.

En cuanto a formación y educación, el Plan de Empleo 2002 incluye modificaciones normativas, tanto en la formación básica como en la orientada a prepararse para un puesto de trabajo.

Otro de los objetivos es hacer frente a la diversidad territoria en materia de empleo y desempleo, facilitando las condiciones que permitan crear empleo en las regiones con peores tasas y eliminando los obstáculos a la movilidad laboral.

Las comunidades autónomas desempeñan un papel clave en la gestión de medidas y programas de políticas activas de empleo. Los distintos planes de acción para el empleo se han complementado con los elaborados por las comunidades autónomas, adaptando la estrategia de empleo nacional a las características de los mercados de trabajo teritoriales, precedidos de acuerdo con los interlocutores sociales.

Este nuevo Plan es el quinto y último de los previstos para el quinquenio, según el compromiso adquirido en la Cumbre de Luxemburgo, celebrada en 1997. Tras ser ratificado por la Conferencia Sectorial y una vez aprobado por el Consejo de Ministros, el plan será enviado a Bruselas antes del 1 de mayo, cumpliendo así con el plazo marcado por la Comisión Europea.