Durante su comparencia ante la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso, Aparicio aseguró también que las bonificaciones establecidas a las cotizaciones de los mayores de 60 años que permanezcan en el mercado de trabajo tendrán un coste para el sistem público de 60.000 millones de pesetas hasta el 2004, cantidad que se compensará a través de ingresos al INEM.

El ministro insistió en que a partir del 2003 se seguirá avanzando en la modificación del periodo de cálculo de la pensión. En este sentido, y en la misma comisión parlamentaria, fue más concreto el secretario de Estado de Seguridad Social, Gerardo Camps, que puntualizó que la futura pensión se calculará contemplando lo aportado por el trabajador "desde el primer día de cotización hasta el úlimo".

Por otro lado, Aparicio recordó que el Acuerdo de Pensiones va a beneficiar a seis millones de personas, entre pensionistas que vean aumentada su prestación y trabajadores que puedan acogerse a la nueva jubilación anticipada.

Además, el ministro destacó que el plazo 12 años para la separación de fuentes de financiación es "razonable" y que la dotación del fondo de reserva es un "buen símbolo" del compromiso entre generaciones.

Los portavoces de los diversos grupos parlamentarios pregunaron repetidamente al ministro sobre el coste del Acuerdo de Pensiones y de alguna de las medidas incluidas en el mismo, así como por el proceso de tramitación que se va a seguir. Juan Carlos Aparicio evitó, en todo momento, contestar a estas cuestiones, limitándose a afirmar que todo lo contemplado en el pacto garantiza la viabilidad y la sostenibilidad del sistema.

FIRMAR O NO FIRMAR

Por su parte, el portavoz del PSOE en la Comisión del Pacto de Toledo, José Antonio Griñán, afirmó que es "tan alabble" el firmar un acuerdo, como ha hecho CCOO, como el no hacerlo, caso de UGT, y reclamó el "derecho a la disidencia" de cada uno de los agentes sociales que han participado en la negociación.

Griñán manifestó que a medio plazo hará falta que una cuarta parte de la población activa de nuestro país sea inmigrante para garantizar una tasa de ocupación que pueda sostener el pago de prestaciones en la misma proporción que sucede en este momento.

El diputado socialista calificó de "muy largo" el plaz de 12 años para separar las fuentes de financiación y cuantificó en tres billones de pesetas el dinero que la Seguridad Social financiará al Estado por este motivo.

El ex ministro de Trabajo criticó que se rebajen las cotizaciones para los mayores de 50 años que permanecen en el mercado de trabajo, "lo que ha permitido que la CEOE firme el acuerdo", y cifró en 250.000 millones de pesetas el coste de esta medida.

TURBOCAPITALISMO

El portavoz de IU en la Comisión, Felipe Alcaraz, señaló que el Gbierno aplica un "turbocapitalismo que tiene consecuencias diferentes a las que busca" el Ejecutivo porque no va a lograr romper la unidad de acción sindical.

Alcaraz afirmó que es posible que UGT se haya adelantado al plantear un paro general y que CCOO se haya retrasado en ese sentido, pero se mostró convencido de que las posturas de ambos sindicatos coincidirán tras la reforma de la negociación colectiva.

El diputado de IU anunció que su formación tratará de recomponer, durante el debate parlaentario sobre el Acuerdo de Pensiones, la unidad de acción sindical.

AUTOCOMPLACENCIA

El portavoz de CiU en esta Comisión, Carlos Campuzano, felicitó al Gobierno por lograr un acuerdo y por el contenido del mismo, aunque le instó a no caer en la "autocomplacencia" y buscar que el acuerdo social alcanzado en el Pacto de Pensiones se complemente con el "necesario" acuerdo en términos políticos.

Campuzano citó cuatro puntos en los que su formación exigirá al Gobierno más avances durante la tramitaión parlamentaria: acortar el periodo de separación de fuentes; apostar por una mayor reducción de las cotizaciones sociales; aumentar más la pensión de viudedad y hacerla compatible con el SOVI; y lograr una mayor homogeneidad del sistema.

DEPENDENCIA

Griñán incidió en que la prestación por dependencia es "fundamental" y pidió al ministro que le explicara alguno de los aspectos que se van a abordar sobre este asunto, aunque el acuerdo contemple un plazo de un año para analizar la situación.

Enla misma línea se expresó Campuzano, que calificó de "grata" la incorporación de un capítulo sobre dependencia al acuerdo, pero pidió que se establezcan las bases de las políticas sobre esta materia que vinculen a las comunidades autónomas, los ayuntamientos y también el sector privado.

En su turno de réplica, Aparicio afirmó que la atención a las personas dependientes no es sólo un problema económico, ya que hay que atender también a los aspectos sociosanitarios de esta materia y a las competencias d las comunidades autónomas.