"Esa es una crítica que no debemos hacer los jueces, salvo que queramos metermnos donde nadie nos llama", insistió.

García explicó que en la APM tienen por norma "no emitir juicios de valor sobre las decisiones que adoptan los tribunales en el ejercicio legítimo de sus competencias" y añadió que, si el Tribunal Constitucional ha considerado que era procedente estimar la recusación de dos de sus magistrados, "pues no tenemos más que decir".

El portavoz de la APM quiso puntualizar que "las consideraciones que se efectúen en relación a esta cuestión deberían desarrollarse aludiendo o exponiendo razones de naturaleza jurídica, y no recurriendo a argumentaciones de contenido o naturaleza política".

A su juicio, "las resoluciones de los Tribunales, si por algo deben ser criticadas, es por su ajuste o por su desviación jurídica, no porque desde la perspectiva o desde la vertiente política nos gusten más o nos gusten menos".

En este sentido, argumentó que "en la mayoría de las ocasiones en que las decisiones de los tribunales son objeto de críticas, y de fuertes y virulentas críticas, no vemos los jueces que se ofrezcan razones también de naturaleza jurídica. Lo que se hace es desarrollar un discurso, en la mayoría de las ocasiones muy especulativo, sobre las motivaciones o los trasfondos que, desde lo político, han podido conducir o guiar las decisiones que finalmente se han adoptado".

García concluyó exponiendo que "todo este ambiente y esta atmósfera que hay alrededor del Tribunal Constitucional, de su politización, a nosotros no nos importa nada, entre otras razones porque el Constitucional tiene una composición netamente política por el sistema de designación de sus magistrados, y además no es un tribunal que esté inserto ni que pertenezca a la jurisdicción ordinaria".