Unas maniobras financieras que según la Policía podrían haber derivado en el cobro de comisiones ilegales por parte del PP balear, coo resultado de la concesión a esta empresa de las obras del túnel aprobada por el Consejo de Gobierno balear, entonces presidido por Gabriel Cañellas, amigo personal y socio en Salinera Española S.A. de Antonio Cuart.

El empresario mallorquín, acusado de los delitos de falsedad documental, estafa y apropiación indebida, explicó que entregó a su socio y redactor del proyecto del túnel, Camilo Pereira, la cantdad de 140 millones de pesetas a través de tres pagos en calidad de anticipo de la obra del que aseguró, nunca volvió a saber nada más.

Esta cantidad es la que, precisamente, identificó en su día la Policía como la factura falsa emitida por la compañía que desveló toda la trama.

Cuart negó haber pagado comisiones al PP o a cualquier miembro del Ejecutivo autonómico por las obras de túnel, al tiempo que negó también conocer al ex secretario general del PP, José Antonio Berastain, uno de los principales inculpados en el caso. Por otra parte, expresó al juez su extrañeza porque la Banca Marchcitó su nombre en la concesión de pagarés cuando, según su versión, la operación la dirigió su socio muerto.

A pesar de sus declaraciones de hoy, Cuart está señalado en los informes redactados por la Brigada de Delincuencia Económica de la Policía Nacional como implicado en la presunta operación y pago de comisiones ilegales al Partido Popular y a miembros de Gobierno balear por la concesión de las obras del túnel.

De los 140 millones de pesetas presuntamente pagados sólo 50 han sido detectados pr la Policía Nacional tras comprobar que fueron ingresados en cuentas del PP del Mallorca, Menorca e Ibiza, así como en la de distintos miembros del ejecutivo autónomo.