Antoni Asunción, también ex responsable de Instituciones Penitenciarias, ya fue exculpado de este caso en noviembre de 1995 por el Tribunal Supremo.

Los abogados de la defensa y del Estado presentaron custiones previas en las que plantearon el sobreseimiento de la causa alegando que el escrito de la acusación particular, ejercido por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, fue presentado fuera de plazo.

Los letrados consideran además que si un juzgado de instrucción archivó la causa por los mismos hechos, no es legítimo que otro juzgado habra la causa por unos hechos idénticos. Sin embargo, el tribunal decidió rechazar todas las peticiones de nulidad y reiniciar la declaración de los testigo a partir de mañana.

Los hechos se remontan a agosto de 1991, cuando los trece reclusos fueron sometidos en la prisión de Sevilla-2 a medidas especiales tras participar en un motín en la cárcel del Puerto de Santa María, donde llegaron a decapitar a un preso.

En Sevilla-2, los reclusos estuvieron varios meses vestidos con un mono sin útiles de aseo, algunos atados a las camas en sus celdas, permanecieron mes y medio sin salir al patio y tenían prohibido oir la radio y leer la prensa.

La direción del centro penitenciario justificó la dureza de las medidas, que no fueron comunicadas al juzgado de vigilancia, en cumplimiento de una circular de las Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, dirigida entonces por Antoni Asunción, quien fue exculpado por el Tribunal Supremo el pasado mes de noviembre.

El abogado del director de Sevilla-2, Rafael Fernández, Francisco Baena Bocanegra, y de los otros tres directivos, consideró hoy un "auténtico sarcasmo" que se aluda al rigor innecesario par acusar a los imputados y se olvide de otro rigor, que es el que ha motivado la aplicación de las normas, según sus propias palabras.

"Vamos a tener dos meses para demostrar que aquí se han cumplido unas normas que, gusten o no, vienen determinadas por la naturaleza o por el carácter o la conducta de las personas a las que se les ha tenido que aplicar", afirmó.

El acusador particular, Eduardo Millán, reconoció que los presos eran muy peligrosos, pero recordó que ante todo eran personas y que, com tales, no merecían malos tratos.

La vista oral durará casi dos meses, ya que tendrán que declarar unos 200 presos, siete directores de cárceles y decenas de funcionarios de prisiones.

La acusación particular solicita penas de 12 años de cárcel y 24 de inhabilitación. La Fiscalía de Sevilla ha pedido para este juicio que se aplique la Ley de Protección de Testigos, proponiendo que declaren tras una mampara para evitar su identificación, por temor a represalias.