El juez central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, esperaba este informe, de 800 páginas, para decidir a qué investigados procesa en la pieza número 9 de la trama ‘Púnica’.

La instrucción de esta pieza concluyó a principios de año y su resolución tiene especial importancia porque es la que determinará si hubo una financiación paralela en el PP madrileño para financiarse de manera irregular y pagar gastos de las campañas electorales autonómicas de 2007 y 2011, y en las municipales de 2008.

La Fiscalía ha presentado un informe final de 860 páginas firmado por el fiscal Alejandro Cabaleiro Armesto y estructurado en cuatro partes. Un primer apartado que comprende la formación de la pieza separada, la segunda con el informe jurídico propiamente dicho, una tercera que analiza a las personas, tanto físicas como jurídicas, desde una perspectiva procesal y de posible responsabilidad penal y, finalmente, una última parte en la que se exponen los requerimientos de documentación, tanto a empresas privadas como administraciones públicas.

El informe concluye que, “pese a los claros indicios de falsedad electoral existentes respecto de las elecciones autonómicas del año 2007, los mismos se encontraría prescritos, al igual que respecto de las autonómicas del año 2008, si bien respecto de estas se cuenta con menos elementos indiciarios”.

Anticorrupción mantiene la existencia de falsedad electoral respecto de las elecciones autonómicas del 2011 y pide continuar el procedimiento por los trámites del procedimiento abreviado frente a Beltrán Gutierrez Moliner y Francisco Granados por un delito electoral, tráfico de influencias y cohecho (sólo el segundo), además del sobreseimiento para el resto de investigados.

También ve indicios de delitos asociados a los trabajos de reputación 'on ine' para diferentes políticos, motivo por el que se interesa que continúen las actuaciones frente a Isabel Gallego Navarrete, Salvador Victoria Bolivar, Borja Sarasola Júdenes y José Martínez Nicolás; así como frente a Alejandro de Pedro Llorca, Diego Mora Borobia, María Luisa de Madariaga y Francisco Lobo Montalván, por delitos de prevaricación y malversación.

En cuanto al resto de personas que fueron citadas como investigadas o cuya identificación se produjo durante la instrucción pero no se las citó en calidad de investigadas (152 personas físicas y 73 personas jurídicas entre las dos categorías), se aclara su situación procesal y, respecto de aquellas que constan como investigadas, se interesa el sobreseimiento de las actuaciones, bien como consecuencia de la prescripción de los hechos que motivaron su llamamiento, bien como consecuencia de la falta de indicios que permitan sostener una acusación, lo que se explica de forma detallada e individualizada en el escrito.

La investigación de esta causa se inicio en 2014 con el hallazgo de la agenda del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados, considerado el cabecilla de la Púnica, en la que se identificaban con siglas a los donantes de dinero al PP y las cantidades entregadas.

Ese dinero procedía de empresarios que habían sido beneficiarios de contratos públicos por valor de más de 250 millones de euros en lo que se bautizó como ‘operación Púnica’. Medio centenar de personas fueron detenidas en la operación entre funcionarios, empresarios y políticos.