Es el portavoz del PP en el Parlamento madrileño, Alfonso Serrano, quien firma la denuncia por las “irregularidades que considera habidas en los contratos de emergencia, relacionados con el covid-19, formalizados por la Administración General del Estado y el sector público institucional”, según indica la Fiscalía General del Estado.

Además, los populares madrileños denuncian en su escrito otras irregularidades que afectan a contratos y a la concesión de subvenciones públicas, que se identifican en una tabla que recoge un total de 91 contratos.

El hilo conductor en la exposición de los hechos que conforman las irregularidades que se denuncian son las sociedades adjudicatarias, con independencia del órgano adjudicador; y las irregularidades se centran en la vinculación de cada una de las sociedades con las distintas administraciones públicas y la falta de comprobación de la concurrencia de los requisitos mínimos para la formalización de los contratos.

Essas conductas, que Anticorrupción analiza pormenorizadamente sociedad por sociedad, podrían constituir, según el denunciante, los delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Según la información aportada por Anticorrupción, los contratos que serán investigados supusieron un monto total de más de 326 millones de euros. El fiscal jefe Anticorrupción ha designado al fiscal Luis Pastor Motta para la investigación de este asunto.