En un comunicado, Anticorrupción explica que, transcurridos seis meses desde el inicio de las diligencias, el fiscal ha tenido tiempo para estudiar los hechos y descarta "la existencia de responsabilidades criminales exigibles".

El fiscal aclara que estas responsabilidades no existen, bien por estar prescritas, en referencia a los hechos ocurridos hasta 1994 en el grupo de sociedades de FG, bien por no revestir los hechos los caracteres de delito, como ocurre con las conductas que se produjeron en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en 1996.

La Fiscalía apunta no obstante que resultan acreditadas operaciones intragrupo en FG Valores para "remediar un desfase contable en torno a los 800 millones de pesetas" que procedía de una duplicación de títulos y que luego fue subsanada con diferentes operaciones, si bien no afectaron a terceros que no fueran la propia FG y sus compradores finales.

El informe reitera que faltar a la verdad en la realidad contable tiene adecuada sanción penal, al tratarse de manipulaciones contables en los estados financieros realizadas en 1993, si bien reconoce que el posible delito estaría prescrito en cualquier caso, al haber transcurrido más de 10 años desde su supuesta comisión hasta la apertura de la nueva investigación.