Tribunales
Anticorrupción archiva las diligencias abiertas al hermano de Díaz Ayuso por el contrato de las mascarillas
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La Fiscalía Anticorrupción ha acordado el archivo de las diligencias abiertas contra Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, por el contrato para el suministro de mascarillas suscrito con la Administración autonómica en lo más crudo de la pandemia.
El decreto, conocido este jueves, está firmado por el fiscal jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, Alejandro Luzón, y consta de 21 páginas. En el escrito se acuerda el archivo de la investigación por considerar que no se ha podido acreditar la comisión del delito de prevaricación o tráfico de influencias.
En relación al papel de Isabel Díaz Ayuso en este contrato, el decreto de Anticorrupción explica que las hipótesis planteadas por los denunciantes "no han superado el umbral de las meras sospechas".
Anticorrupción recibió tres denuncias en relación a ese contrato que interpusieron los tres grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid: el Grupo Socialista, Más Madrid y Unidas Podemos.
Esas tres formaciones denunciaron a la Fiscalía Anticorrupción un contrato de suministro con la empresa Priviet Sportive en la que trabaja el hermano de la presidenta regional y por el que habría cobrado 286.000 euros.
Luzón descarta en su decreto la “existencia de conductas penalmente relevantes en el proceso de adquisición de mascarillas” y también la hipótesis de posibles irregularidades cometidas por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por la adjudicación del contrato a la compañía en la que trabajaba su hermano y de la que es propietario un amigo de al infancia de ambos, Daniel Alcázar.
Según los denunciantes, el contrato de emergencia realizado por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid el 1 de abril de 2020 para la adquisición de 250.000 mascarillas por un importe total de 1.512.500 euros a la mercantil Priviet Sportive SL., podría albergar irregularidades que apuntaban a los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
Ya en el momento de presentarse las denuncias, la Fiscalía advirtió de la “falta de concreción” de las mismas. Con posterioridad a la apertura de diligencias, la Fiscalía Europea reclamó para sí una parte de la investigación sobre este contrato relativa al uso de fondos europeos para la compra.
Ahora Anticorrupción descarta la presentación de una querella contra el Tomás Díaz Ayuso, la empresa contratante o su propietario por no hallar indicios de delito. Durante la investigación, el Ministerio Público tomó declaración al hermano de la presidenta madrileña en calidad de investigado y a Daniel Alcázar, como testigo. Ambos negaros irregularidad alguna, lo mismo que hicieron en su comparecencia el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, el director general de Procesos Integrados de Salud en abril de 2020 y la viceconsejera de Asistencia Sanitaria. Anticorrupción también ha estudiado la documentación recabada a la Agencia Tributaria y a la Intervención General de la Administración de la Administración del Estado.
Descartando la práctica de nuevas diligencias, Luzón concluye que “la investigación practicada permite descartar la existencia de conductas penalmente relevantes en el proceso de adquisición de mascarillas a la mercantil Priviet Sporitive SL.”.
Y añade: “Respecto de Dña. Isabel Díaz Ayuso, la hipótesis delictiva planteada por los denunciantes se fundamentaba en una secuencia de hechos de la que inicialmente no se deducían indicios razonablemente verosímiles ni de la realización del hecho investigado, ni de su carácter delictivo ni de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada. La investigación desarrollada en estas Diligencias no ha confirmado la referida hipótesis delictiva ni permite avanzar más en ella”.
Por ello, y “de conformidad con lo expuesto, a la vista de la ausencia de indicios de la comisión de infracciones penales y, en concreto, en lo que atañe estrictamente al ámbito de estas Diligencias, de los delitos denunciados de tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, fraude y falsedad”, acuerda el archivo de la investigación.
Las sospechas públicamente expresadas por el anterior presidente del PP, Pablo Casado, sobre este contrato y fue el desencadenante de una guerra abierta de la dirección nacional con Isabel Díaz Ayuso que se saldó con la defenestración de la cúpula popular.
(SERVIMEDIA)
23 Jun 2022
SGR/clc