Pedrol presentó el informe desfavorable elaborado por ese organismo sobre el anteproyecto, que señala la "sensación de frustración" de los miembros del Consejo al comprobar que no se respetan los acuerdos alcanzados en 1990 con el entonces titular del gabinete de Justicia, Enrique Mújica.

En ese convenio, el ministro, Pedrol y el presidente del Consejo General de Procuradores, José Granados, acordaron que una comisión integrada "fundamentamente por profesionales afectados y por representantes de la Administración", se encargaría de la designación de los abogados de turno de oficio, que todavía son elegidos por los colegios.

La comisión estaría presidida por el representante del Colegio de Abogados correspondiente y tendría su sede en el propio colegio profesional.

Además, el convenio señalaba que se cambiaría el actual sistema de retribución, en el que el Estado distribuye una cantidad global para el total de casos asignados, a oto de "retribución individualizada y específica".

Sin embargo, el anteporyecto presentado por el ministerio está lleno de "indefiniciones" a juicio de Pedrol y otorga "un cheque en blanco" a la Administración para "hacer lo que quiera a través de los sistemas reglamentarios" en un servicio como el de turno de oficio, en el que sólo en 1991 se dieron 300.000 de las 500.000 asistencias prestadas por los abogados.

Para el Consejo General de la Abogacía, el anteproyecto no sólo está lleno de indefinicones (el aspecto retributivo ni siquiera se contempla, tan sólo se alude a que el Estado financiará el servicio), sino también de "perturbaciones de los que se está haciendo bien y sin aportar apenas elementos positivos para su mejora".

Pedrol indicó que los artículos que hacen referencia al nombramiento se redactan "en la más absoluta indeterminación, porque se dice que se designará con arreglo a unos méritos, pero no quién".

"Hasta ahora, el Colegio designa al abogado, que actúa con absoluta inependencia y libertad, ya que el Colegio que le designa no tiene consideración política alguna, ni depende la administración, lo que se transforma en el anteproyecto".

Además, calificó de "despectiva" la actitud del ministerio hacia los profesionales de la abogacia, ya que el artículo 22 del anteproyecto recoge que los colegios de abogados y procuradores "podrán colaborar en la prestación del servicio", mientras que el 24 establece que la Administración "efectuará el control y el seguimiento del serviio".

Ello permitirá, según Pedrol, que la Administración puede apartar al letrado del ejercicio del turno de oficio "por motivos muy etéreos, como que no dedica suficiente tiempo".

"Si se sigue adelante", concluyó, "la independencia y la libertad del abogado y, por tanto, las garantías del ciudadano, se van a esfumar".

Antonio Pedrol no quiso aventurar las posibles medidas a adoptar por el Consejo en el caso de que el ministerio no introduzca modificaciones en el anteproyecto.

"Lo que etá claro", dijo, "es que no vamos a cruzarnos de brazos porque no son nuestros intereses los que están en juego, sino los de todos los españoles".