En el marco de una Mesa de Negociación celebrada este miércoles entre el Ministerio de Educación y los sindicatos del profesorado, ANPE instóal departamento dirigido por Pilar Alegría a impulsar, en colaboración con las comunidades autónomas, "un nuevo Real Decreto de requisitos mínimos de los centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria que sustituya al actual Real Decreto 132/2010 y que, entre otras novedades, fije el número máximo de alumnos por docente en cada una de las etapas educativas".

Para la organización sindical, "el establecimiento de unas condiciones mínimas comunes a todas las comunidades autónomas en ambos aspectos contribuiría de manera determinante a reducir las desigualdades existentes entre territorios".

El presidente del sindicato, Francisco Venzalá, subrayó que “las ratios máximas que se establezcan deben ser drásticamente inferiores a las vigentes en los diferentes territorios” y señaló que “la norma ha de marcar unos plazos razonables para que las diferentes administraciones educativas autonómicas lleven a cabo las correspondientes reducciones, al igual que se ha hecho para los ciclos formativos de FP”.

ANPE insistió también ante el Ministerio en la necesidad de que se reforme la Ley 4/2019, de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, con el fin de que el horario lectivo máximo del profesorado en todo el país se fije en 23 horas para Infantil y Primaria, y en 18 horas para el resto de enseñanzas.

Actualmente, la ley "sólo recoge este horario lectivo máximo como recomendación", por lo que “es preciso que se convierta en obligación para garantizar unas condiciones razonablemente homogéneas en toda España”, recalcó.

El sindicato insistió en que se cuente lo antes posible con un Estatuto de la Función Pública Docente, que ha de regular y desarrollar la carrera profesional docente, desde el ingreso a la función pública hasta la jubilación.

Por otro lado, ANPE exigió a Educación que coordine con las distintas administraciones autonómicas la planificación de las mejoras necesarias en los centros educativos para garantizar su óptima climatización, eficiencia energética y sostenibilidad, dadas las deficiencias actuales.