Para ANPE, el curso estuvo marcado “por la controversia” en la implantación y desarrollo de distintos aspectos de la nueva ley de educación, la Lomloe, en la que asegura que “el profesorado vuelve a ser una vez más el gran olvidado, y continúa siendo la asignatura pendiente de la Administración educativa”.

Asimismo, reivindicó la importancia de mantener al profesorado de refuerzo contratado del curso anterior, algo que consideran esencial para cumplir las medidas higiénico-sanitarias y así poder regresar a la presencialidad en todas las etapas y combatir la carencia de aprendizajes del alumnado desde el comienzo de la pandemia.

También ANPE criticó la aplicación de los nuevos criterios de promoción de curso y titulación instauradas, por entender que generan a los profesores "inseguridad jurídica", puesto que afirma que trasladan la responsabilidad a los centros y equipos docentes que deben tomar nuevas medidas sin un criterio claro en cuanto al número máximo de materias suspensas para promocionar. Por ello, ANPE pide las administraciones educativas que respalden las decisiones que sobre promoción y titulación adopte el profesorado.

Además, insistió en que permitir que se titule en Secundaria y Bachillerato con materias no superadas, devalúa la cultura del rigor y el esfuerzo. “Estas medidas perjudican, fundamentalmente, al alumnado de entornos socioeconómicos más desfavorables y que se encuentra escolarizado, sobre todo, en los centros públicos, ya que no podrán compensar fuera del centro educativo los déficits de aprendizaje que acumularán al pasar de curso y titular con materias suspensas, cercenando las posibilidades que ofrece a este alumnado el sistema educativo como compensador de desigualdades y ascensor social”.