"La idea de que el profesorado monitorice los comentarios y hashtags de sus alumnos en redes sociales, inspirada en un estudio elaborado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), resulta del todo punto discutible al carecer el colectivo docente de cobertura legal ante las responsabilidades civiles o penales que pudieran derivarse de dicha actividad, por incurrir en intromisión ilegítima agravada, como pudiera deducirse del artículo 7 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen", indicaron desde ANPE en un comunicado.

Por otro lado, el ejercicio de dichas actuaciones resulta "inviable" para unos profesionales "desbordados" por un incesante crecimiento de tareas burocráticas que "asfixian" el normal desempeño de su labor docente. "El pretendido seguimiento de las redes del alumnado, requeriría una dedicación exclusiva, completamente ajena a las labores propias del profesorado en los procesos de enseñanza-aprendizaje", aseguró ANPE.

"Como docentes, asumimos con responsabilidad nuestro papel en la prevención y detección del ciberacoso desde nuestra condición de formadores, pero no la vigilancia o intromisión en las cuentas personales del alumnado en redes sociales, cuestión que compete a sus familias en el caso de los menores de edad, y a otras instancias superiores en los casos más graves", protestaron desde la organización sindical.