El abogado de Sanchís, el catedrático Luis Rodríguez Ramos, presentó esta mañana un recurso de amparo ante el Alto Tribunal contra el auto de apertura del juicio oral del procedimiento, dictado por el magistrado instrctor Luis Román Puerta Luis el pasado 7 de enero.

El recurso hace también referencia a otras decisiones anteriores por las que el instructor o la propia sala denegaban la nulidad de las actuaciones practicadas por el primer responsable del caso, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Valencia, Luis Manglano.

Las representaciones letradas de Sanchís y de sus dos compañeros de partido implicados en las denuncias por cohecho, el ex tesorero Rosendo Naseiro y el concejal valenciano Salvado Palop, han mantenido desde el principio que las intervenciones telefónicas que "destaparon" el asunto suponen "un grave atentado contra los derechos fundamentales de los imputados en estos procedimientos".

El recurso elaborado por Rodríguez Ramos argumenta que tanto el magistrado Puerta Luis como la sala a la que pertenece siempre denegaron decretar la nulidad de las actuaciones no por ausencia de motivos, sino porque fue solicitada cuando no era el momento procesal oportuno.

Para el representane legal de Sanchís, sin embargo, es necesario declarar "la ineficacia de la prueba en la que se fundamenta el procedimiento y los escritos de acusación, para que no puedan surtir efecto alguno al haberse obtenido conculcando derechos fundamentales diversos y, además, de modo reiterado".

El escrito de Sanchís denuncia al Alto Tribunal presuntas irregularidades, como ilegítima intervención de las comunicaciones telefónicas violando el derecho al secreto o el incumplimiento de las normas de reparto, allaando el derecho al juez imparcial.

Asimismo, el recurso califica de inconstitucional la concesión del suplicatorio para que Angel Sanchís pueda ser juzgado, "al haberse solicitado y concedido antes de producirse la decisión inculpatoria".

Además, Rodríguez Ramos hace especial hincapié en que el permiso parlamentario fue concedido sin que se hayan solucionado "las cuestiones de nulidad planteadas por la posiblemente ilegítima 'vigilancia' de la oposición parlamentaria".