La asociación señala en un comunicado que esta norma, que no ha contado con el respaldo de PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro, "elimina la participación de las entidades especializadas en el mercado, otorgando al Estado el monopolio de estas actividades a través del portal público de subastas del Boletín Oficial del Estado (BOE)".

El nuevo proyecto de ley deroga el artículo 641 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que actualmente permite a las entidades especializadas colaborar en la gestión y venta de activos en procesos judiciales. Anees advierte que esta decisión no sólo conlleva la desaparición de un sector completo, con la consiguiente pérdida de empleo y tejido empresarial, sino que también afecta gravemente a la eficiencia y eficacia en los procedimientos judiciales.

En palabras de Álex Munné, presidente de Anees, "este proyecto de ley supone un ataque directo a la libertad de empresa garantizada por el artículo 38 de la Constitución Española y convierte al Estado en el único operador en el mercado de subastas judiciales, eliminando la libre competencia. Desde Anees recurriremos esta decisión ante la CNMC, ya que vulnera principios fundamentales y perjudica gravemente tanto a la economía como a la sociedad en su conjunto”.

Con este nuevo Proyecto de Ley, el portal de subastas del BOE, gestionado por el Ministerio de Justicia, asumirá en exclusiva todas las funciones, eliminando la coexistencia que actualmente permite la intervención de entidades especializadas.

Según datos recientes, el 52% de las subastas gestionadas por el portal del BOE quedan desiertas, con una recuperación media inferior al 50% del valor de los activos. En cambio, las entidades especializadas han demostrado mayor eficiencia, reduciendo plazos procesales y maximizando el valor de los activos vendidos, lo que resulta clave para los acreedores y las empresas en proceso concursal.

Para Anees, a desaparición del sector supondrá la pérdida de cientos de empleos y de un tejido empresarial que genera actualmente 5.500 millones de euros al año.

“Estamos ante una medida injustificada y desproporcionada que no mejora el servicio público, sino que lo degrada. Los datos demuestran que las entidades especializadas ofrecen resultados superiores a los del portal público, garantizando mayor recuperación de activos y mejor eficiencia en los procesos concursales”, añade Munné.