Así lo hicieron llegar a Servimedia fuentes del Ejecutivo andaluz, que también pusieron en el foco en que el texto de la norma supone un “ataque a la propiedad privada” y plantea “inseguridad jurídica” en lo que se refiere a la regulación del precio de los alquileres, por lo que se reservan emprender acciones judiciales.

Desde el Gobierno andaluz van a solicitar, según dichas fuentes, “con carácter urgente” la celebración de la Conferencia Sectorial de Vivienda para que se informe de una ley que aseguran que se ha “cocinado a espaldas” de las autonomías, que, recuerdan, son las competentes en esta materia.

“Las competencias son autonómicas y, por tanto, cuando se tenga el texto completo de la ley se supervisará para certificar que no vulnera las competencias" autonómicas y que "se ciñe a la legislación española vigente. De lo contrario, se tomarán las medidas oportunas”, avisan.

En este sentido, aseguran que durante los más de 4 años en los que se lleva hablando de esta ley la Junta de Andalucía ha solicitado en varias ocasiones “sin éxito” al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que informe a las comunidades autónomas y consensúe con ellas el texto legislativo.

Por ello, desde el Ejecutivo que preside Moreno no ven “entendible que no haya diálogo con los directamente implicados”, en alusión a las comunidades autónomas y, por contra, el Gobierno “convenga acuerdos que afectan a todo el país con partidos como ERC o Bildu, que pretenden decidir las políticas de una nación en la que no creen”.

Tampoco, creen desde el Gobierno andaluz, el Ejecutivo central ha contado con el “sentir del sector de la construcción, que ha sufrido mucho tanto en la crisis de 2008 como en pandemia”.

Tras estas consideraciones, desde el Gabinete de Moreno se asegura que en Andalucía creen “en un modelo bien distinto, que tiene como eje troncal incrementar la oferta de viviendas a precio asequible para que el mercado se autorregule”.

Y recuerdan que en cuatro años han “facilitado” la construcción de 10.000 viviendas en Andalucía, gran parte de alquiler, de la mano de ayuntamientos y promotores públicos y privados.