Naranjo explicó que tendrán que salir de viviendas y propiedades particulares los cocodrilos, caimanes y todas aquellas especies de reptiles que, en estado adulto, alcancen los dos kilos de peso; así como los anfibios, artrópodos y peces venenosos o cuya mordedura pueda causar daños importantes a las personas.

También todos los primates así como los mamíferos de especies salvajes que en estado adulto superen los diez kilos de peso, un límite que baja a cinco kilos cuando se trata de especies carnívoras.

El decreto, dirigido a incrementar la seguridad integral de la población, establece que dichos ejemplares únicamente podrán estar en instalaciones adecuadas -públicas o privadas- que hayan sido autorizadas por la Junta de Andalucía, que detalló en una nota la normativa.

Así, los propietarios de estos animales tendrán seis meses para comunicar su existencia a su ayuntamiento y entregar el ejemplar o ejemplares a las autoridades, arriesgándose a que les impongan multas de hasta 115.000 euros si no lo hacen.

El decreto dedica un apartado específico a los perros peligrosos, que sólo pueden transitar por la vía pública sujetos por personas mayores de edad, atados con una correa irrompible de un metro de longitud máxima y con bozal.

Además, estos animales no podrán entrar en los espacios públicos destinados al ocio o esparcimiento de los menores, ninguna persona podrá llevar más de uno de estos canes a la vez y tendrá que llevar en todo momento la documentación del perro.

EL DÓBERMAN, PERRO PELIGROSO

La Junta considera como perros peligrosos los que pertenecen a las razas caninas contempladas en la ley estatal (Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileño, Tosa Inu y Akita Inu), a las que ahora se le suma el dóberman.

Además, tienen la misma calificación de aquellos perros que hayan sido adiestrados para el ataque y los que manifiesten un carácter agresivo, algo que deberá certificar un veterinario.

Como medida de seguridad, se prohíbe el adiestramiento de estos animales potencialmente peligrosos para el ataque así como cualquier otro que potencie su agresividad, y únicamente podrán ser entrenados por personal especializado y autorizado para la guarda y custodia de sus propietarios.

Los propietarios de estos ejemplares tienen que obtener una licencia especial otorgada por el Ayuntamiento y reunir una serie de requisitos: ser mayor de edad, tener capacidad física y aptitud psicológica, no haber sido condenado por delitos graves y suscribir un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con una cobertura de, al menos, 175.000 euros.

Una de las novedades de la legislación autonómica es que para los perros potencialmente peligrosos tienen que superar un curso sobre adiestramiento.

Una vez finalizado el periodo de adaptación que establece el decreto, a partir del próximo mes de octubre, la tenencia de cualquier ejemplar considerado potencialmente peligroso sin los debidos permisos puede suponer una multa de hasta 115.000 euros para su propietario.

El decreto autonómico sobre la tenencia de animales peligrosos regula también la tenencia de rehalas de perros -un conjunto de canes adiestrados para cazar en grupo- prohibiendo que transiten por las calles.

Además, el propietario tendrá que contar con un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con una cobertura mínima de 175.000 euros por siniestro.

HURONES EN CASA

El Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA), en el que tienen la obligación de estar inscritos todos los perros, gatos y hurones de la comunidad autónoma que se utilizan como mascotas, cuenta ya con una sección específica para los animales potencialmente peligrosos.

En él hay inscritos 1.057.178 perros, de los cuales 27.970 son potencialmente peligrosos (de razas puras o mestizos), lo que supone un 2,6% del total. En cuanto a los dóberman, en la actualidad se encuentran inscritos 2.890 especímenes, con lo que el porcentaje se elevaría al 2,9%.

El plazo para la inscripción en el censo es la convencional de tres meses salvo para los propietarios cuyos perros de razas convencionales hayan sido calificados como potencialmente peligrosos por las autoridades municipales, que tendrán un mes para obtener las licencias necesarias para su tenencia y registrarlos.

En cuanto al documento autonómico de identificación y registro animal (Daira) que reciban los propietarios con los datos del animal será especial y lo atravesará una banda roja.