El proyecto, elaborado por la Consejería de Gobernación, regula asimismo las relaciones de la Junta con el Estado y otras comunidades autónomas para reforzar la asistencia y los lazos culturales con el millón y medio de andaluces en el exterior y con sus descendientes.

La futura ley reconocerá la contribución de los emigrantes al desarrollo de Andalucía, con especial mención a las personas mayores, e impulsará el papel de las asociaciones y comunidades andaluzas en el exterior.

El conjunto de medidas previstas se desarrollará a través del denominado Plan Integral para los Andaluces en el Mundo, que tendrá una duración cuatrienal y deberá estar elaborado en un plazo de dos años tras la entrada en vigor de la ley.

El texto aprobado, que sustituirá a la ley de 1986, ha sido redactado tras un amplio proceso de información y debate en el que han participado los representantes de las organizaciones de retornados y de las 357 asociaciones andaluzas que funcionan actualmente en 19 países y 17 comunidades autónomas españolas.

Uno de los aspectos más destacados de la norma es el relativo a las medidas para hacer menos gravoso el retorno (durante la última década han regresado a la comunidad autónoma 46.974 andaluces, lo que supone un promedio anual de 4.270), según destacó la Junta.

La principal medida consiste en promover el acceso a viviendas de promoción pública en los mismos términos que cualquier residente. Para ello se elimina el requisito de haber vivido una serie de años en el municipio donde se solicita la vivienda y, en su lugar, se contabilizan los años de residencia en el exterior.

Además, la condición de retornado será baremada como un mérito más del peticionario y la Administración autonómica podrá incluso reservar viviendas protegidas para este colectivo.

En cuanto al resto de medidas, también se garantiza el acceso de los retornados a las prestaciones educativas, sanitarias y de asistencia social en iguales condiciones que el resto de los ciudadanos, mientras que para los escolares se reconoce el derecho a recibir apoyo educativo compensatorio dirigido a su plena integración.

Además, la Junta promoverá el regreso de los investigadores, desarrollará un programa específico para hacer posible que las empresas creadas por retornados se establezcan en Andalucía y firmará convenios con empresas estatales con el fin de facilitar el traslado laboral de sus trabajadores andaluces.

PRESTACIONES SOCIALES

El proyecto de ley establece el nuevo concepto del andaluz en el mundo, una figura que engloba tanto a los andaluces en el exterior (personas de nacionalidad española que viven en el extranjero) como a los oriundos de Andalucía (nacidos en la comunidad pero no empadronados por residir en otro punto de España o carecer de nacionalidad).

También se incluyen en la definición los descendientes de ambos colectivos, los retornados y las personas especialmente vinculadas a Andalucía.

A los andaluces en el exterior se les reconoce los mismos derechos de tipo político, social y laboral que tienen los ciudadanos residentes. De esta forma, pueden ser electores y elegibles en iguales condiciones, así como participar en iniciativas legislativas populares.

En relación con las prestaciones sociales, se otorga una atención especial a los mayores, con programas específicos para aquellos que se encuentren en situación necesidad. Respecto al ámbito laboral, los andaluces en el exterior podrán inscribirse en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) como demandantes de empleo y acceder a la información necesaria para la búsqueda de un puesto de trabajo.