Según informó este miércoles el Gobierno andaluz, esta base de datos abarcará las ocho provincias y permitirá la sistematización y el análisis de toda la información derivada de las actuaciones de este programa.

"La creación de esta base de datos se presenta como un recurso fundamental con múltiples beneficios para el bienestar de la infancia, sobre todo en materia de prevención de los abusos sexuales. En este sentido, supone un espacio de unificación de expedientes y, a través de los servicios de prevención, recibir y filtrar los casos con el fin de poner en marcha las intervenciones más adecuadas", aseguró la Junta en una nota.

Según sus impulsores, la iniciativa también presenta "la oportunidad de obtener datos estadísticos que evidencien estas situaciones y ayuden a tener un conocimiento epidemiológico de la violencia sexual y sobre el proceso asistencial de las víctimas evitando la revictimización". También se prevé la posible interconexión con otros sistemas y la incorporación de modelos predictivos aplicando la inteligencia artificial.

Según Inclusión Social, este contrato para esta base de datos, con 252.771 euros de presupuesto, se financia con cargo a fondos europeos y se ha adjudicado a la empresa Ayesa, cuyos trabajos se desarrollan en coordinación con los servicios informáticos de la Consejería; la Dirección General de Infancia, Adolescencia y Juventud, con la colaboración de los servicios de prevención de las delegaciones territoriales y entidades especializadas.