Pastor se pronunció de este modo en una jornada organizada por el PP para comemorar el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, donde la coordinadora de Participación y Acción Sectorial Ana Mato; el secretario de Participación Ciudadana y relaciones con los Movimientos Asociativos, Julio Sánchez Fierro, y la directora general de Consumo, Ana Flores, mantuvieron un encuentro con consejeros de Consumo de las comunidades autónomas, representantes de Nuevas Generaciones y miembros de asociaciones de consumidores y usuarios.

La ministra de Sanidad y Consumo recalcó que para su artido es prioritario garantizar los derechos de los consumidores, y por ello ha impulsado la política de consumo, que comenzó en España hace 25 años, a través de un marco jurídico eficaz y la cooperación entre administraciones, así como el contacto entre éstas y el movimiento asociacionista, cuyo papel recalcó y agradeció.

Pastor puso como ejemplo el Plan Estratégico de Protección al Consumidor 2002-2005, que tiene como objetivos crear una conciencia colectiva de los consumidores, fomentar la mediacin y el arbitraje para la resolución de conflicos, adecuar el marco de protección a las nuevas necesidades derivadas de la sociedad de la información, profesionalizar las asociaciones de consumidores, impulsar la implicación de las corporaciones locales y aprovechar las nuevas tecnologías para resolver de forma "ràpida y menos gravosa" los problemas.

Repasó los avances en esta materia promovidos por los gobiernos del PP, como la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que supuso un punto de inflexión", y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que permitió a las organizaciones de consumidores personarse en los procesos judiciales para defender los derechos de los ciudadanos.

Asimismo, recalcó la aprobación del Reglamento del Sistema Arbitral de Consumo, que abre una vía "extrajudicial, rápida, barata y efectiva" de resolución de conflictos, y dijo que éste arbitraje podrá realizarse por medio de Internet, gracias a un modelo de "arbitraje virtual".

Quiso hacer hincapiétambién en las normas y códigos de buenas prácticas en sectores como la enseñanza no reglada de idiomas, los videojuegos, el comercio electrónico, los jueguetes, los establecimientos de "piercing" o bronceado, las ventas a plazos, la multipropiedad, entre otros; así como la creación de la Dirección General de Consumo, la Agencia Española de Seguridad Alimientaria, o la Ley de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico.

Finalmente, aludió a los compromisos electorales del PP, contenidos e su Programa Marco para las municipales y autonómicas, que pasan por desarrollar leyes autonómicas y ordenanzas municipales de protección a los consumidores, la consolidación de la red de Juntas Arbitrales, o la puesta en marcha de un teléfono único de consulta y atención en todo el país, que se producirá, dijo, antes de que acabe la legislatura.

Anunció también los acuerdos con el CERMI, las asociaciones de personas mayores y las organizaciones juveniles, por considerar que estos grupos sociales debe estar especialmente protegidos en materia de consumo; la constitución de oficinas de atención al consumidor en todos los municipios de más de 20.000 habitantes, y la creación de una Comisión Autonómica de Cooperación para el Consumo que potencie la colaboración entre administraciones.

PANCARTAS

Por su parte, Ana Mato subrayó la importancia de tratar este asunto de gran relevancia para los ciudadanos un día como hoy, cuando "otros querrían que hoy no estuviéramos hablando de consumo", pero, advirtió "el oportunismo" y "las pancartas nos parecen muy bien para los demás, pero no para nosotros".

Mato subrayó que el PP busca la "igualdad de oportunidades" y el "bienestar", pero eso no se consigue mediante subida de impuestos, millones de parados, déficit público "desorbitado" y "de espaldas a los ciudadanos", sino "todo lo contrario".

Apuntó la necesidad de promover nuevas garantías para los derechos de los consumidores ante los riesgos que se derivan de la sociedad de la información, el comerco electrónico, y otros nuevos ámbitos del consumo, especialmente en los casos de los jóvenes y los niños.

Además, recalcó que una de las principales aportaciones del Gobierno a los derechos de los consumidores ha sido la liberalización de los mercados, pues la libre competencia implica mejores precios, más calidad y mayores servicios.

Mencionó el sector de la telefonía móvil, pues actualmente hay 32 millones de terminales, lo que significa que hasta los niños disponen de él, además de que se han ntroducido servicios como los mensajes, los "chat", etcétera, si bien esto implica también nuevos riesgos ante los que hay que imponer garantías.