El juez Adolfo Serrano de Triana, titular del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 3 de la Audiencia Nacional, ha acordado rebajar a seis meses la sanción después de estimar parcialmente el recurso interpuesto por Gálvez contra la decisión del Ministerio de Justicia, según confirmaron fuentes del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales.

La sanción que en un primer momento impusó el Ministerio a Gálvez generó una fuerte controversia, ya que, en comparación, el juez Rafael Tirado, titular del juzgado de Sevilla donde trabajaba la secretaria judicial, tan sólo fue sancionado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con una multa de 1.500 euros.

En la sentencia hecha pública hoy, el juez Serrano de Triana señala que los dos años de suspensión son "desproporcionados" y asegura que el Ministerio de Justicia "sobrevaloró de forma exagerada" las circunstancias agravantes y, en cambio, no tuvo en cuenta la sobrecarga de trabajo que soporta el juzgado de Sevilla en el que trabajaba Gálvez.

"La administración no suministra motivaciones más profundas que justifiquen que el factor agravante haya sido sobrevalorado exageradamente con relación a las circunstancias atenuantes y a la participación de otros titulares", señala la resolución de la Audiencia Nacional.

La secretaria judicial pidió en su recurso a la Audiencia Nacional la nulidad de la suspensión impuesta por el Ministerio de Justicia, al entender que no se justificó debidamente la sanción por una falta grave de negligencia y de retraso injustificado en la tramitación de la ejecución de la sentencia contra el presunto asesino de Mari Luz.

El juez Serrano de Triana indica que el Ministerio de Justicia no tuvo en cuenta "la sobrecarga de trabajo que pesa sobre el juzgado", una circunstancia que si bien "no disculpa la actividad defectuosa de la interesada, deja indicado abundantemente cuál es la situación estructural y defectuosa del juzgado".

A tenor de estos argumentos, el juez de la Audiencia Nacional decide rebajar la sanción a seis meses de suspensión de empleo y sueldo para hacerla "más proporcional y más equitativa".