En declaraciones a Servimedia, el director e Amnistía, Esteban Beltrán, destacó la importancia de reformar la citada ley para dejar "poca discreción" al Poder Ejecutivo a la hora de tramitar o no una de estas solicitudes.

Beltrán explicó que, a pesar de que el Tribunal Supremo indica que el Gobierno debe tramitar las peticiones judiciales de extradición, la Ley da una amplia disponibilidad política al Gobierno. "Pueden invocar cuestiones de política exterior, como en el caso Pinochet", dijo.

NEGATIVA

El Gobierno español decidió no tramiar la petición de extradición de 40 militares argentinos remitida por la Audiencia Nacional. Para justificar esta negativa, el Ejecutivo recordó la derogación en Argentina de las leyes de "punto final" y "obediencia debida", que impedían que los militares fueran juzgados en su país.

Beltrán expresó su "enorme decepción" por la actitud del Gobierno en este asunto y acusó al Ejecutivo de utilizar argumentos "francamente falsos".

Según AI, las citadas leyes aún no son nulas, a la espera de una decisón de la Corte Suprema argentina. "El procedimiento de extradición es vigente y debería haberse tramitado inmediatamente", dijo.

Además, Beltrán señala que el Gobierno ha cuestionado el principio de Justicia Universal. "La Audiencia Nacional estableció la competencia de los tribunales españoles por delitos de genocidio, torturas y terrorismo en cualquier lugar del mundo, con independencia de que las víctimas sean españolas".

DECLARACION INMEDIATA

Beltrán considera que el ex general argentino Raón Díaz Bessona, que ha admitido que durante la dictadura militar ejecutaron a 7.000 personas, debe ser llamado a declarar "de inmediato" por los tribunales argentinos.

"Si reconoce abiertamente que hubo torturas y ejecuciones clandestinamente y si tiene información, debe proporcionarla a los tribunales argentinos", dijo.