Así lo afirmó hoy en rueda de prensa el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, tras presentar las conclusiones de un informe realizado por esta organización.

"Los padres tienen que saber que ni el Estado, ni las comunidades autónomas, ni los dependientes de las tiendas se preocupan por sus hijos", subrayó Beltrán.

Bajo el lema "Acceder a violaciones de derechos humanos virtuales: un juego de niños", el estudio alerta de que los niños y niñas españoles, sin necesidad de estar acompañados, pueden comprar "sin ninguna dificultad" videojuegos clasificados para adultos, tanto en centros comerciales como en establecimientos especializados.

La "prueba" de ello la han obtenido en seis ciudades españolas (Cartagena, Madrid, Oviedo, Palma de Mallorca, Vitoria y San Sebastián). "Sólo en una ocasión", relató Beltrán, "a un menor de 10 años se le impidió comprar un juego para mayores de 18 años. Ocurrió en una tienda especializada de Vitoria, aunque más tarde el pequeño pudo comprarlo en un centro comercial".

Tras visitar establecimientos de otras 14 ciudades de nueve comunidades autónomas, activistas de Amnistía Internacional comprobaron que no existe una exposición de los videojuegos separada por estantes según las edades a las que se dirigen.

Por otra parte, constataron que los dependientes de estos establecimientos desconocen el significado de los iconos orientativos sobre el inadecuado contenido de algunos de estos juegos, así como que tampoco han recibido indicaciones o advertencias para proteger a los pequeños.

Entre los juegos "inadecuados" que compran los niños españoles se encuentran, según Amnistía Internacional, "Juiced 2: Hot Import Nights", cuyo eslogan anima a "meter miedo al rival"; "Scarface: the world is yours" ("apalea, haz volar por los aires y atropella a tus enemigos", "entierra a esas cucarachas"), o "God of war", que da puntos por "quemar aldeas y sacrificar a mujeres y niños".

LEY ESTATAL

Para esta ONG, el Gobierno "no está asumiendo su responsabilidad de garantizar la máxima protección de los derechos de los menores de edad", al seguir apostando por "la autorregulación voluntaria" de las empresas del sector de los viodeojuegos.

Así, critica que "aún no ha impulsado ninguna iniciativa significativa con relación al acceso de menores a videojuegos", ni ha hecho pública ninguna conclusión del grupo de trabajo interministerial creado en abril de 2005 sobre esta cuestión.

Por ello, Amnistía Internacional exige al Ejecutivo que establezca un marco legal que regule la venta, alquiler y difusión de videojuegos con contenidos nocivos para el adecuado desarrollo de los niños y adolescentes, que fije medidas de control y sanciones para quienes la incumplan.

"No vale escudarse en que vaya a haber algún tipo de regulación europea ni delegar en empresas que, obviamente, buscan ganar dinero. Todo gobierno tiene el deber de proteger a sus menores", insistió Beltrán.

A las comunidades autónomas que cuenten con esta prohibición en sus legislaciones, Amnistía les pide que "la cumplan", o que incorporen esta medida si no lo han hecho hasta el momento.

Según dijo Beltrán, 10 comunidades tienen leyes de protección de la infancia con prohibición expresa de venta o alquiler de estos juegos a menores; cuatro incluyen "simples advertencias", y otras tres (Asturias, Cantabria y Extremadura) no mencionan el problema en sus leyes para la infancia. Todas, para Amnistía, "son papel mojado". Ceuta y Melilla ni siquiera cuentan con legislación para proteger a los pequeños.