El responsable de la organización afirmó que "hoy, 70 años después, es el momento de ir más allá de los actos de homenaje y de reparación moral; es tiempo de rehabilitar los derechos de tales víctimas y asegurar el derecho a la verdad y el deber de no olvidar".

"Ni el paso del tiempo ni actos políticos de perdón u olvido cancelan la responsabilidad del Estado hacia las víctimas. La responsabilidad de sus autores con respecto a estos crímenes no prescribe nunca", dijo Beltrán, que añadió que "aunque el año pasado el Ejecutivo creó una comisión interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, ésta todavía no ha presentado sus resultados según los plazos inicialmente previstos".

"Tenemos la esperanza de que estas recomendaciones sean asumidas por el Gobierno y que haya un proyecto de ley muy pronto"."El Gobierno debe asumir su responsabilidad, disponer las normas y mecanismos idóneos, así como recursos sufucientes para la localización de fosas, exhumación de cadáveres, identificación de restos y su restitución a las familias", opinó Beltrán.

El informe, que lleva por nombre "España: Poner fin al silencio y a la injusticia. La deuda pendiente con las víctimas de la Guerra Civil y del régimen franquista", recoge sugerencias concretas destinadas al Ejecutivo, como la preservación de archivos, la accesibilidad de los mismos por parte de los familiares de las víctimas, así como la creación de un órgano oficial temporal de carácter no judicial para investigar "estos crímenes contra el derecho internacional y la humanidad" ya que, según Beltrán, "no ha habido una investigación imparcial que aclare los hechos y establezca responsabilidades".

Asimismo, el texto propone la creación de una fiscalía especializada, que, según la organización, debe llevarse a cabo para "impulsar una investigación que esclarezca la suerte de las víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales".

En relación a las personas ejecutadas por sentencias dictadas por consejos de guerra militares, que la organización califica de "procesos injustos", el director de Amnistía insistió en que "se deben adoptar las medidas legislativas necesarias dirigidas a su nulidad".

Por último, Beltrán estableció una comparativa con diversos países de Europa, Asia, África y América Latina "en donde sí se ha llevado ante la justicia a autores de crímenes contra la humanidad".

"Resulta paradójico que el país que pidió la extradición de Pinochet y el país cuya Audiencia Nacional ha condenado recientemente al ex militar argentino Scilingo no haya sido capaz de ofrecer verdad, justicia y reparación para las víctimas de su propio país", concluyó.