Desde 1987, el grupo de trabajo de las Naciones Unidas (ONU) sobre desapariciones forzadas o involuntarias ha recibido más informes de personas "desaparecidas" de Perú que de ningún otro país, según denunció AI.

Cerca de la mitad de los casos de personas "desaparecidas" que llegaron a conocimiento de la ONU durante 1990 correspondía a Perú, según la organización defensora de los derechos humanos, que posee más de 3.500 informes de desapariciones de personas de ese país andino, que feron detenidas por las fuerzas de seguridad desde 1983, "aunque se cree que el número real es mucho mayor".

La sección española de Amnistía Internacional solicitó hoy al presidente peruano que no olvide su compromiso con los derechos humanos. Cuando tomó posesión de su cargo, en julio de 1990, Fujimori afirmó que "el irrestricto respeto y promoción de los derechos humanos será una firme línea de acción de mi Gobierno".

Sin embargo, durante los 11 primeros meses de su mandato AI tuvo conocimiento e 121 desapariciones. De ellas, 15 víctimas fueron puestas en libertad y 24 aparecieron muertas. El resto, 82 personas, siguen ilocalizadas.

Además, la organización internacional aseguró que "varios centenares de personas más han sido ejecutadas extrajudicialmente en circunstancias que implican la participación de fuerzas armadas o de grupos paramilitares vinculados a ellas".

"TONTOS UTILES"

En respuesta a las descalificaciones que virtió el presidente de Perú contra los grupos de derechos humaos, a cuyos miembros tildó de "tontos útiles", Amnistía Internacional señaló que este tipo de declaraciones "no ayudan a erradicar el clima de impunidad con la que operan las fuerzas de seguridad que combaten la violencia de Sendero y otros grupos".

AI ha expresado numerosas veces su comprensión por las dificultades que atraviesan las autoridades peruanas para combatir la violencia de Sendero Luminoso y otros grupos de oposición.

El último informe amplio sobre Perú de la organización humanitaria,titulado precisamente "Entre dos fuegos", relata cómo millares de ciudadanos de ese país, sobre todo campesinos e indígenas, se ven sometidos a las violaciones de derechos humanos que realizan ambos bandos.

Para Amnistía Internacional, "el problema no es denunciar que existan violaciones de derechos humanos, sino no poner las medidas necesarias para investigar las denuncias y procesar a los que puedan resultar culpables por el uso ilegítimo de la fuerza letal".

AI recordó los casos de jueces, fisales y abogados que han intentado investigar las violaciones de derechos humanos y han sido asesinados por grupos vinculados a las fuerzas armadas o han tenido que exiliarse para salvar sus vidas.