Nabil fue detenido en noviembre de 1997, acusado por las autoridades yemeníes de organizar un grupo armado que buscaba desestabilizar el Estado mediante un ataque con bombas, además de planear el asesinato del actual primer ministro de Yemen, Abd al-Karim al-Iryani, entonces ministro de Asuntos Exteriores.

El acusado, según las informaciones que a recibido Amnistía, admitió los cargos durante las sesiones iniciales del juicio y afirmó que había sido pagado por Arabia Saudí, extremo que negaron las autoridades de este país.

Tras ser condenado a muerte por el tribunal de primera instancia en Adén, Nabil Nanakli, al parecer, presentó un recurso de apelación, aunque Amnistía desconoce si ha sido aceptado. En Yemen los condenados tienen la posibilidad de recurrir ante los tribunales de apelación y el Supremo, además de que el presidente del país dbe ratificar la condena a muerte.

Por otro lado, Amnistía afirma que ha preguntado al Gobierno español acerca de las acciones que ha emprendido o piensa emprender para evitar que Nabil sea ejecutado, ya que al tratarse de un ciudadano español, la organización considera que el Ejecutivo "está obligado a hacer todas las gestiones que sean necesarias para que la pena de muerte sea conmutada".

AI, después de haber investigado sobre la situación en Yemen, denuncia que, aunque no dispone de informaciónsuficiente sobre las condiciones del arresto y del juicio de Nabil Nanakli, en aquel país "se siguen violando de forma habitual las garantías legales relativas a la detención, la reclusión y la imparcialidad procesal".

En un informe publicado el pasado 7 de julio, AI denunció que la tortura, los centenares de "desapariciones" sin resolver, las violaciones de los derechos de las mujeres y la detención arbitraria -especialmente de periodistas y de políticos de la oposición- son prácticas que continúan oservándose en Yemen con una frecuencia alarmante.

Otros motivos de preocupación sobre el país arábigo para la organización son la ejecuciones rápidas y sumarias después de juicios sin garantías, como fue el caso de Faiseal Saleh bin Zuba´a, que fue acusado de asesinato el 12 de octubre y ejecutado a los dos días.

No menos preocupante les parece la forma en que el Gobierno yemení elude su obligación de investigar las denuncias de vulneración de derechos humanos, como fue el caso de de Wadi' Hilal l Sheibani, que murió en la prisión militar de Solaban después de mantenerlo recluido en régimen de incomunicación hasta su muerte, a finales de septiembre de 1997. Según Amnistía, "que se sepa, no se ha llevado a cabo ninguna investigación exhaustiva e independiente de las denuncias de tortura y muerte de Wadi'".