En este sentido, AI destacó el apoyo prestado por las fuerzas políticas para dar este paso "en la lucha contra la impunidad y a favor de la protección de los derechos humanos en todo el mundo, apoyadas por gra parte de la sociedad civil".

La organización humanitaria consideró que este paso debe extenderse a otros países, para lo que instó al Gobierno español a "promover la adopción de todas las medidas legislativas internas complementarias que sean necesarias para que el Tribunal constituya un complemento eficaz a la jurisdicción nacional".

Asimismo, pide al Ejecutivo español "que refuerce su influencia política tanto sobre los Estados miembros de la Unión Europea como sobre terceros países para promoer la pronta ratificación del Estatuto".