Lo hizo a través de un comunicado en el que, tras documentar numerosos testimonios, arguyó que “en su lucha contra los delitos cometidos por bandas, las autoridades de Guinea Ecuatorial deben poner fin de manera inmediata a la detención arbitraria e indiscriminada de hombres jóvenes”.

Con el objetivo de responder a un presunto incremento del número de delitos perpetrados por las bandas juveniles, especialmente un grupo conocido como los ‘8 Machetes’, el vicepresidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Nguema Obiang Mangue, lanzó a principios de mayo un plan nacional, bautizado como ‘Operación Limpieza’, para luchar contra la actividad de estos grupos.

El propio Teodoro Nguema Obiang Mangue refrendó en un vídeo emitido por la televisión nacional que esta operación nacía para “limpiar” las calles del país de “delincuentes y bandidos”, y para “enseñar el buen camino a los jóvenes que delinquen”.

Ante esta situación, Marta Colomer, encargada de campañas sénior de AI para África Occidental y Central, atestiguó que esta iniciativa representa un “motivo de honda preocupación”, ya que “da lugar a violaciones atroces de derechos humanos”. Prueba de ello, continuó, es que “con el pretexto de combatir la delincuencia se detiene de forma arbitraria a personas jóvenes, muchas de las cuales sufren tortura u otros malos tratos, pierden la vida o son sometidas a desaparición forzada”.

Por ello, exigió a las autoridades ecuatoguineanas que acaben “de forma inmediata” con esta campaña, que “es básicamente un ataque selectivo contra los derechos humanos”, lo que le permitió aseverar que “es totalmente posible ocuparse de los casos penales y respetar al mismo tiempo los derechos humanos”.

Amnistía Internacional explicó que la ‘Operación Limpieza’ contempla un toque de queda para menores de edad y el envío de las personas sospechosas de cometer un delito a prisiones de alta seguridad.

Como consecuencia de ello, más de 400 jóvenes fueron detenidos en tan sólo una semana en mayo y, según la información de que dispone AI, tres meses después había miles de ellos arrestados en todo el país.

Ante la falta de pruebas, algunos jueces se inclinaron por conceder la libertad condicional en ciertos casos. Sin embargo, se han registrado al menos dos muertes en prisión.

Amnistía Internacional habló con familiares de las personas detenidas y recluidas; en muchos casos, indicaron que éstas habían sido maltratadas por las fuerzas de seguridad durante la detención y la reclusión, llegándose a dar casos en los que las comisarías están abarrotadas de niños y otras situaciones en que los jóvenes se encuentran en paradero desconocido y sus familias no reciben información de ningún tipo.

La organización recordó que la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, de la que Guinea Ecuatorial es signataria, establece que “las personas detenidas tienen derecho a contactar y acceder a un miembro de su familia u otra persona de su elección”.

Por todo ello, Marta Colomer afirmó que “las autoridades ecuatoguineanas deben brindar de forma urgente información transparente sobre los casos de muerte bajo custodia y de tortura y otros malos tratos”, y les conminó a “garantizar que las personas sospechosas de cometer delitos responden ante la justicia en procesos equitativos ante tribunales civiles ordinarios, y poner en libertad a las que han sido detenidas de forma arbitraria”.