Durante la presentación del informe "Más allá del papel", el director de la sección española de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, informó de que el propio poder judicial "documentó que este tipo de procesos no permiten demostrar la violencia psíquica" infligida por los agresores a las víctimas.

Otra de las grandes deficiencias que criticó Beltrán fue el hecho de que el 25% de las víctimas de malos tratos no reciben las ayudas económicas del Estado. De este modo, rechazó que sólo reciban los 368 euros de ayudas estipulados "aquellas mujeres que tienen una orden judicial de protección".

En este sentido, denunció que el Estado "se ha negado" a proporcionar al Defensor del Pueblo el número de mujeres víctimas de la violencia de género que han recibido algún tipo de ayudas económicas en base a la ley de delitos violentos.

La responsable del área de Mujeres de Amnistía Internacional, María Naredo, expuso las barreras que refleja el informe sobre violencia de género con el fin de "poner sobre la mesa" las deficiencias que todavía existen en la Ley Integral de la Violencia de Género, con el fin de paliarlos.

Entre las recomendaciones para acabar con estos obstáculos, Naredo informó de que es necesario aprobar un programa sanitario integral para que los médicos de cabecera informen a las víctimas y realicen los informes necesarios para presentar los procesos judiciales.

El control en el protocolo de actuación de las fuerzas policiales es otra de las mejoras pendientes consideradas por Amnistía Internacional, así como sancionar el incumplimiento de las órdenes de alejamiento u ofrecer garantías de rehabilitación e indemnización de las mujeres afectadas.

Naredo denunció, además, que las actuaciones del Gobierno deben eliminar todos los obstáculos añadidos que soportan determinados colectivos de mujeres como las inmigrantes sin residencia regular, las mujeres de etnia gitana o todas aquellas que presentan alguna discapacidad.